Bruselas ha autorizado este miércoles a España a destinar 30 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para un plan cuyo objetivo es eliminar las barreras a la interoperabilidad en el transporte ferroviario de mercancías. El plan pretende promover el cambio modal del transporte de mercancías de la carretera al tren.

El plan español incluye subvenciones directas para financiar la mejora de los equipos a bordo del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS). Las ayudas se destinarán además a otras medidas para eliminar las barreras a la interoperabilidad ferroviaria, como la instalación de sistemas de reducción de ruido y ejes de ancho variable en los vagones ferroviarios de mercancías, así como la adaptación de locomotoras a diferentes voltajes.

El Ejecutivo comunitario ha llegado a la conclusión de que este esquema de subsidios está en línea con los objetivos con el plan español de recuperación y resiliencia, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente y el Pacto Verde Europeo, según ha informado en un comunicado.

En concreto, Bruselas considera que el régimen es "necesario y proporcionado" para mejorar la interoperabilidad y "promover el uso del transporte ferroviario", que es "menos contaminante" que el transporte por carretera y "reduce la congestión vial". Por tanto, la medida será beneficiosa tanto para el medio ambiente como para la movilidad.

Además, la Comisión ha constatado que la ayuda tendrá un "efecto de incentivo", ya que los beneficiarios no realizarían las inversiones en ausencia del apoyo público. "La medida contribuirá a la coordinación del transporte y facilitará la transición del transporte de mercancías por carretera hacia el ferrocarril, en consonancia con los objetivos políticos de la UE, sin distorsionar indebidamente la competencia en el mercado único", sostiene el Ejecutivo comunitario.

Todas las inversiones y reformas que supongan ayudas estatales incluidas en los planes nacionales de recuperación presentados en el contexto de Next Generation deben notificarse a la Comisión para su aprobación previa. El Ejecutivo comunitario debe garantizar que se preserve la igualdad de condiciones en el mercado único y que los fondos se utilicen de manera que sea mínimo el falseamiento de la competencia y no se desincentive la inversión privada.

Hasta ahora, Bruselas ha aprobado ya las ayudas públicas de 3.000 millones de euros para el PERTE del vehículo eléctrico, así como un plan de 20 millones para digitalización del sector del transporte.