Dicen los expertos que para colapsar un país basta con tres días en los que todos los transportistas dejen de trabajar. Los protagonistas de esta historia lo han intentando, e incluso logrado, durante los 20 días que ha durado la protesta pese a ser una mal llamada minoría. Tan mal llamada minoría que han conseguido poner en jaque la economía de un país y a un Gobierno al que no le ha quedado más remedio que ceder.

Su gran victoria no está en los acuerdos conseguidos con mucho esfuerzo y sudor en la madrugada del jueves 21 al viernes 22 de marzo, ya que ni estaban representados en la mesa ni tampoco tenían reivindicaciones claras y concretas. Su logro se basa en otros dos aspectos. El primero ya lo hemos mencionado, el de colapsar un país. Y el segundo, el de conseguir sentarse con la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Pese a lograr algo que parecía impensable cuando se inició el paro el pasado 14 de marzo, los convocantes han decidido este sábado poner fin a esta convocatoria que ha tenido en vilo durante 20 días a todo el país. Así lo han acordado en una asamblea organizada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera.

Sin embargo, inciden en que el final del paro no es definitivo, sino que se trata de una suspensión "temporal". "No se ha desconvocado nada y en cualquier momento podemos reactivar dicho paro", ha advertido la plataforma, que no descarta que sea incluso "en el corto plazo".

Los convocantes justifican su decisión de este sábado en su voluntad de "dar una tregua" a la situación actual por "propia responsabilidad hacia la sociedad" y hacia los sectores que se hayan sentido más perjudicados como son la ganadería, la agricultura y la pesca, entre otros.

La Plataforma remarca quiere utilizar esta tregua no solo para dar "un voto de confianza" al Ministerio, sino también para reorganizarse. De hecho, en la Asamblea su portavoz, Manuel Hernández, ha defendido que es el momento de "ser inteligente" y de "saber administrar la fuerza" que el colectivo ha cosechado en las últimas semanas "para dar el segundo golpe". "Que va a llegar", ha apostillado.

Pese a todos estos argumentos, lo cierto es que la perdida de seguimiento que había sufrido la convocatoria en los últimos días tampoco invitaba a prolongar el paro mucho más tiempo. Y es que muchos transportistas habían decidido regresar ya a sus trabajos y varias asociaciones regionales decidieron la semana pasada dejar de secundarlo. 

Un pulso de 20 días

Todo este pulso entre los transportistas y el Gobierno comenzó un lunes 14 de marzo, el primer día del paro convocado por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera. En un inicio, parecía que no hacían mucho ruido.

Pero esta minoría de "radicales de ultraderecha" como los calificó el Gobierno, obligó a movilizar 23.500 agentes de Policía y Guardia Civil para frenar los actos violentos del paro. Fue la primera reunión en el Gobierno con agentes del sector y empresas públicas sin ninguna medida sobre la mesa.

Aquí entró en juego otro aspecto que mencionan los expertos en este tipo de estallidos sociales. Y es que lo primero que se rompe es la cadena logística de la alimentación, algo que en este paro se ha comprobado a la perfección. "Son 72 horas en las que se produce una rotura de la cadena logística que afecta a todos los sectores de la economía, aunque algunos se ven más dañados, como la alimentación", inciden. 

El jueves 17 de marzo, el sector lácteo anunciaba que paraba su actividad ante la dificultad de suministro. A este se unían fábricas de Azucarera y la aceituna de mesa. Y hasta las propias compañías cerveceras como Estrella Galicia lanzaban avisos de la ruptura de la cadena y problemas de suministro. 

Todo esto, durante el primer fin de semana de paro, provocó auténticos problemas en las cadenas de distribución. Productos como cerveza o leche empezaron a escasear y se volvieron a ver imágenes que nos recordaron a las del confinamiento más duro, cuando escaseaban productos como el papel higiénico. Pero la distribución no fue el único sector que sufrió sus consecuencias. El del automóvil, la siderurgia, la minería… muchos otros se veían gravemente afectados.

De hecho, hasta se pusieron cifras sobre la mesa. Las empresas de gran consumo calculaban en 600 millones de euros las pérdidas por el paro y afirmaban que ponía en peligro más de 100.000 puestos de trabajo. Más tarde, las cadenas de supermercados avisaron de que sus pérdidas alcanzan los 130 millones diarios. 

Más presión

La situación fue tal que, en una reunión con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) el lunes 18 de marzo, el Gobierno ofreció un paquete de ayudas valorado en 500 millones de euros para paliar los efectos de la subida del precio del combustible en el sector del transporte. Estas medidas no gustaron a todos los integrantes del CNTC, lo que provocó que tres de las grandes patronales (Fenadismer, Fetransa y Feintra) se sumaran también al paro.

¿Qué provocó? Que la situación se complicara más allá del gran consumo con fábricas de Danone, por ejemplo, ya paradas. Se intensificaron los problemas en el campo por la falta de materias primas que no llegan, hubo barcos sin poder salir a faenar, lonjas destruyendo pescado y puertos casi bloqueados con contenedores acumulándose…

La tensión era máxima porque los convocantes del paro también anunciaron una manifestación para el viernes 25 de marzo. Y los taxistas y el resto del sector por carretera de viajeros hicieron lo mismo para el domingo 27.

Y aquí, en este preciso momento, fue cuando el Gobierno se dio cuenta de que no hay enemigo pequeño y esa minoría a la que había restado importancia le había terminado por poner contra las cuerdas. Lo primero que hizo fue adelantar la reunión con el CNTC al jueves, aunque siguió sin querer reunirse con los convocantes del paro.

Acuerdo con el CNTC

La reunión, que se extendió durante 14 horas y terminó con una rueda de prensa a las dos de la madrugada, se cerró con un acuerdo de 30 medidas de más de 1.000 millones. Este contempla una bonificación de 0,20 euros por litro de combustible (gasóleo, gasolina, gas y adblue) que supondrá un ahorro de 700 euros al mes por camión. Además, se pactaron ayudas directas por valor de 450 millones para las empresas en función del tipo de vehículos. 

Cierto es que hubo un acuerdo que llevó a desconvocar la manifestación de los taxistas y el resto del sector, pero no fue el que quería en CNTC. El Gobierno solo ofrecía 0,20 euros de descuento en gasóleo, pese a que el CNTC llegó a pedir hasta 0,40 euros. Una diferencia que provocó que durante horas las posturas estuvieran muy separadas, pero que finalmente se solventó. 

Sin embargo, a la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera no le gustó el acuerdo y mantuvo el paro que, aunque con un nuevo avance a su favor: la ministra accedió a reunirse con el presidente de la plataforma convocante del paro de transportes, Manuel Hernández, el viernes por la tarde. 

Un encuentro que no sirvió al Gobierno para convencer a la plataforma para que desconvocara el paro, que criticó la falta de medidas que permitieran al sector "dejar de perder dinero". Pero sí que representó un acercamiento entre ambas partes.

De hecho, este sábado los convocantes han mostrado su intención de dar "un voto de confianza al propio Ministerio para que en el menor plazo posible "ponga en marcha la ansiada ley que erradique de manera rotunda el trabajo a pérdidas de los transportistas".

A partir ahora queda por ver si esta suspensión temporal pasa a ser definitiva o, por el contrario, el paro se retoma en un "corto plazo de tiempo". Y el objetivo de la plataforma es que, si llega el momento, les encuentre en una posición más "fuerte, firme y comprometida" que podría volver a poner en jaque, una vez más, a todo el país.