Según ha podido saber este diario, representantes autonómicos han recibido la nueva receta con la que el Gobierno pretende prorrogar las ayudas a los usuarios intensivos del transporte público. Una fórmula con la que, esta vez, pretende involucrarlos.

En la convocatoria de septiembre tanto la solicitud de la ayuda como la implantación del descuento del 30% fue voluntaria para las administraciones gestoras de los servicios. Los gobiernos regionales y locales podían "complementar las ayudas estatales directas con fondos propios para incrementar los descuentos del transporte público colectivo de su competencia para usuarios recurrentes".

[Prórroga a la bonificación del transporte público: más impacto en la inflación que en el descenso del uso del coche]

Ahora, desde el Gobierno se ha comunicado que este complemento será un requisito para que las administraciones reciban las ayudas estatales.

En concreto, la aspiración es que al 30% que bonificará el Gobierno se sume otro 20% por parte del resto de entidades. Medida que, si no hay cambios importantes, se presentará en el próximo Consejo de Ministros. 

Visiones confrontadas 

Desde la puesta en marcha en septiembre de la primera tanda de ayudas, los diferentes actores del sector de la movilidad y el transporte colectivo han protagonizado intensos debates. Entre los más extendidos destaca el poco impacto que las bonificaciones están teniendo a la hora de que los usuarios del vehículo particular se suban al transporte público.

En un primer momento, las ayudas se defendieron como una forma de fomentar el transporte colectivo por encima de la movilidad individual. Al igual que en el caso de otras experiencias puestas en marcha en países como Alemania, la medida no ha tenido un impacto en el uso del vehículo particular.

En cambio, el uso de transporte público sí se ha incrementado. Los usuarios más intensivos han aumentado el número de desplazamientos que realizan a diario. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que durante el pasado mes de septiembre los servicios de Cercanías ferroviarios registraron un aumento del 31% que llegaron al 33% en octubre frente a los mismos periodos de 2021.

Por su parte, los operadores de Metro en España han registrado un incremento del 25% en el noveno mes del año y del 21% en el décimo. El transporte por carretera no ha sufrido variaciones tan significativas. Los datos de la Dirección General de Tráfico señalan caídas que se quedan en el 1% de los volúmenes del año pasado.

Respiro para los necesitados

Donde sí se está notando el efecto de la medida del Gobierno es en el bolsillo de los ciudadanos. Los millones de viajes registrados por los operadores de transporte colectivo sólo han costado una fianza a los usuarios. Un respiro que, en algunas familias con hijos en edad escolar, ha supuesto cientos de euros al mes.

Del mismo modo, esta decisión ya ha tenido un impacto en la inflación. Según explicaba el INE hace unas semanas, el transporte ha sido uno de los elementos destacados como razones de la caída registrada frente a los niveles alcanzados hasta agosto.

En este sentido, en la decisión del Gobierno de prorrogar la bonificación del transporte público durante 2023 tendrá en el freno de la inflación a uno de los beneficios colaterales con más impacto en la evolución del conjunto de la economía. Uno de argumentos claves para el Gobierno en un año electoral en el que cada indicador macroeconómico va a acaparar la atención de los focos.  

Así las cosas, durante la próxima semana se confirmará la prórroga de una de las medidas del paquete con el que el Gobierno quiere dar continuidad al respiro puesto en marcha el pasado mes de septiembre. Un plan que promote ser muy extenso y que pretende presentar el propio presidente del Gobierno.