La sanidad privada plantea volver a la normalidad y cobrar para no quebrar

Lo peor de la crisis del coronavirus, al menos en el campo sanitario, podría haber pasado ya. Poco a poco se reduce el incremento de contagios y de muertos, lo cual parece indicar que el pico de la enfermedad ya se ha tocado. Un fenómeno que está provocando que el sistema sanitario ya se esté planteando la desescalada de los centros ante la pandemia y volver a la normalidad poco a poco.

Esto también se deja notar en la sanidad privada. Fuentes del sector indican que aunque las unidades de cuidados intensivos (UCI) siguen muy llenas, la presión de casos ha bajado mucho. De esta manera, se considera que esta fase del virus está ya estabilizada y ahora toca abordar nuevos esquemas.

Para ello, ya se plantean recuperar determinada actividad asistencial, sobre todo el caso de pacientes con patologías habituales que llevan un mes confinados en sus hogares. Ello obligará a que se tengan que dividir los hospitales y los centros atender a enfermos con Covid-19 y a otros sin él.

Esto va a obligar a una importante operación de ingeniería hospitalaría y asistencial que ya está en marcha en comunidades como Madrid. De hecho, según ha podido saber Invertia, la idea es que se mantenga abierto el hospital de Ifema hasta junio para poder preparar los hospitales ‘oficiales’ para su actividad habitual, que tendrá que reformularse a su vez para atender a pacientes con coronavirus.

En cualquier caso, las fuentes consultadas dentro de las gerencias de varios hospitales precisan que la normalidad, siempre relativa, no llegará al menos hasta verano. Con todo, se espera que la recuperación de parte de la actividad asistencial comience ya después de Semana Santa.

A la espera de los cobros

Esta recuperación de la actividad asistencial es clave para el sector de la sanidad privada. Tomados por las comunidades autónomas desde que se iniciara el estado de alarma, los centros han paralizado toda su actividad ajena al Covid-19, que ha quedado en suspenso igual que sus ingresos económicos obtenidos con ella.

Sin embargo, los principales clientes de la privada, las aseguradoras, pagan en términos generales a 60 días. Es decir, que este abril el sector de la atención sanitaria todavía está cobrando febrero, así que su liquidez no corre peligro… hasta dentro de un mes.

De ahí que las próximas semanas sean clave para dirimir los pagos que deberán abonar las comunidades para unas empresas que han tenido nula actividad aparte de la destinada al Covid-19 durante el último mes, que además ha consumido todos sus recursos en las principales comunidades autónomas.

Se trata de una cuestión que se negociará autonomía por autonomía (son las encargadas de las competencias sanitarias y de su gasto), pero hasta ahora donde únicamente ha habido algún movimiento al respecto ha sido Cataluña.

A pesar de que en el sector de la sanidad privada se da por hecho que habrá contraprestación por sus servicios en la crisis del Covid-19, sí que existe algo de inquietud porque no se haya solventado aún. Y es que cabe recordar que, además de haber paralizado toda su actividad (y, de esta manera, todos sus ingresos), estas empresas han tenido que abordar reformas para habilitar más espacios para UCI en sus centros así como han tenido que ejecutar ampliaciones de plantilla (que han supuestos subir entre un 15% y un 20% los gastos de personal) para atender el Covid-19.

De hecho, las fuentes consultadas avisan de que es algo que se debe arreglar sin falta. Alertan de que si no hay pagos en este mes de abril, todo el sector de la sanidad privada, sean grandes hospitales o pequeñas clínicas, irá a la quiebra.

Plan B

Por lo pronto, la patronal nacional está gestionando lo que puede ser un plan B si se retrasaran los abonos autonómicos. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) está negociando con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo una línea de ayudas exclusiva de unos 4.500 millones de euros.

Con ella, el sector aspira a lograr, además de créditos blandos y aplazamientos de pagos, exoneraciones de impuestos para poder sobrevivir al impacto financiero que supone para las empresas sanitarias el coronavirus.