La pandemia obligó a multitud de administraciones públicas a la compra sobrevenida de material sanitario, en muchas ocasiones sin respetar los procedimientos reglados para hacerlo. Pero, en el caso de la Comunidad Valenciana, la Sindicatura de Cuentas de la autonomía advirtió este jueves de que ya se produjo un repunte de la contratación irregular en la autonomía antes de la irrupción del coronavirus.

Así lo recoge el exhaustivo informe de la Sindicatura de Comptes correspondiente al ejercicio 2019, en el que el órgano fiscalizador alerta de “indicios de fraccionamiento del objeto contractual en los denominados ‘pagos directos’ por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario sin consignación presupuestaria”.

“En la revisión efectuada de la información suministrada al Registro Oficial de Contratos de la Generalitat (ROCG) de los contratos menores, se ha observado que determinados departamentos de salud de la Conselleria de Sanidad (Requena y Alcoy) consideran que los denominados ‘pagos directos’ por adquisiciones de productos de farmacia y material sanitario tienen la consideración de contratos menores y, de este modo, remiten la información contractual al ROCG”, expone la Sindicatura.

Sin embargo, alerta de que estas adquisiciones “se realizan sin la tramitación previa del preceptivo expediente de contratación previsto en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) para la contratación menor”. “A todos los efectos en este tipo de gastos, hay una justificación insuficiente de la necesidad e idoneidad del contrato, así como indicios de fraccionamiento del objeto contractual, de forma que se incumplen las disposiciones de los artículos 28 y 99.2 de la LCSP”, subraya.

Medicamentos y productos sanitarios

Sobre “los supuestos de fraccionamiento”, el organismo precisa que “se han puesto de manifiesto, fundamentalmente, en la revisión de los referidos ‘pagos directos’ por adquisiciones de medicamentos y productos sanitarios y, en menor grado, en la contratación de prestaciones de servicios por reparaciones y mantenimiento”.

La Sindicatura detecta además que la operativa “no es homogénea” en los distintos hospitales valencianos que compara en su informe. “En el caso de Requena (299) y Alcoy (3.490), el número de contratos que se comunica es muy superior al de hospitales como La Fe en Valencia (120) o el Hospital General de Alicante (102), con un presupuesto para los capítulos 2 y 6 muy superior al de aquellos”, subraya.

Sobre otro departamento de salud, el de Alicante-San Juan, advierte de “indicios de fraccionamiento del objeto contractual en dos contratos, si bien por un importe inferior a 30.000 euros”.

Hospital de Alcoy, en una imagen de archivo. EE

La entidad también analiza en su informe el uso de la caja fija que realizaron en 2019 tres departamentos de salud: Valencia-Clínico (que gastó 2 millones), Alicante-Sant Joan (0,7 millones) y Elda (1,8).

“En los tres departamentos, un elevado porcentaje del total gestionado se destina al pago de productos farmacéuticos y material sanitario, por lo cual no se ajusta a las disposiciones del artículo 1.2 del Decreto 25/2017. Estas adquisiciones tendrían que efectuarse por medio del preceptivo expediente de contratación sujeto a los procedimientos y formas de adjudicación previstos en la LCSP”, advirtió.

Preguntadas sobre todas estas cuestiones, fuentes de la Conselleria de Sanidad trasladaron a Invertia que ofrecerán su versión sobre el informe de la Sindicatura de Comptes cuando puedan analizar con detenimiento su contenido, publicado este mismo miércoles.

9.370 contratos menores

En el conjunto de la administración valenciana, los contratos menores formalizados en 2019 ascendieron a 9.370, un 13,5% más que en 2018, cuando fueron un total de 8.254. Por contra, el volumen fue menor. Pasó de 56 a 51,4 millones de euros entre ambos ejercicios.

La conselleria con más volumen de contratación menor fue Sanidad Universal y Salud Pública, que comunicó 6.356 contratos (el 67,8% del total) por un importe conjunto de 29,2 millones de euros (el 56,8% del total). Lejos de estas cifras se encuentran las áreas de Igualdad y Políticas Inclusivas y Educación, con 6,2 y 5,8 millones de euros, respectivamente.

Al margen de los indicios de fraccionamiento de Sanidad, la Sindicatura también detecta en la muestra de contratos menores analizada “tres casos en Justícia y tres casos en Educación”.

Asimismo, observa la misma práctica en la caja fija de la Dirección General de Función Pública (IVAP) y en la Dirección Territorial de Valencia de Familia, Menor y Adopción.

En ambos casos se trata de “indicios de fraccionamiento de pagos por adquisiciones o servicios realizados al mismo proveedor y por el mismo objeto, con un gasto total superior a 5.000 euros, sin atender las disposiciones del Decreto 25/2017”.