La Generalitat Valenciana de Ximo Puig y el gestor sanitario Ribera Salud se la juegan el próximo 15 de junio. Y, con ellos, el sistema de concesiones públicas en su conjunto. El Tribunal Supremo, según ha podido constatar Invertia, tiene previsto someter ese día a votación y fallo si se ajustó o no a derecho el veto a la compañía privada para seguir gestionando el hospital valenciano de Alzira. El contrato contemplaba 15 años y una prórroga de 5 que declinó el Ejecutivo de PSOV-PSOE y Compromís.

El Gobierno autonómico se impuso en la primera contienda legal en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), pero la mercantil logró que el Supremo estimara su recurso. Lo hizo con un argumento no empleado hasta la fecha: que la comunidad autónoma prescindió de la compañía sin aportar un estudio de impacto económico que justificara el ahorro de apartar a la mercantil y asumir la gestión directa.

Tal circunstancia, según argumenta la firma, pudo haber vulnerado la Ley de Estabilidad Presupuestaria -más conocida como 'Ley Montoro'-. Este razonamiento no fue empleado ante el TSJCV, pero la enseña sí lo utiliza tras el caso de Madrid Central. La Sala Tercera del Tribunal Supremo dio por buena la sentencia del TSJ de Madrid contra la zona de bajas emisiones del gobierno local de Manuela Carmena. ¿La razón? Que la iniciativa careció de memoria económica.

Se da la circunstancia de que el recurso de Ribera Salud ante el Tribunal Supremo es también ante la Sala Tercera, aunque la sección es distinta: decidirá la 3 -no la sección 4, que fue la que ratificó el rechazo a Madrid Central-.

Si el alto tribunal tumba la reversión sanitaria del Hospital de Alzira en la Comunidad Valenciana supondría un doble varapalo para la Generalitat. Por un lado, tendría que afrontar los derechos restituidos a Ribera Salud en un hospital que gestiona de forma directa la autonomía desde 2018 (con un sobrecoste de 76 millones y peores resultados asistenciales).

A 4 meses de Torrevieja

Por otro, recibiría un duro golpe a su política de reversiones a solo cuatro meses de la siguiente en su calendario: la del Hospital de Torrevieja. En este caso tendría difícil escapatoria si se le exige una pormenorizada justificación económica, ya que se trata de uno de los departamentos de salud más eficientes de toda la Comunidad Valenciana, tal y como acreditó la Sindicatura de Cuentas en un informe solicitado por el propio Ejecutivo de Ximo Puig. La entidad fiscalizadora cifró el ahorro anual para las arcas públicas en 45 millones con la gestión de Ribera Salud.

Por contra, si el Gobierno autonómico recibe el visto bueno a su reversión en Alzira de 2018, tendrá más despejado el camino para ejecutar su hoja de ruta: revertir a la sanidad pública todos y cada uno de los departamentos de salud gestionados por empresas privadas.

Más allá de lo que se juegan Ribera Salud y la Generalitat Valenciana, son muchas las miradas sobre este caso. Según precisan fuentes jurídicas a Invertia, la Justicia se ha pronunciado en varias ocasiones sobre concesiones a empresas privadas de la administración local, pero nunca antes sobre una gran concesión autonómica.

La decisión del Supremo, tanto si tumba como si valida esta reversión sanitaria, será una referencia que podría sentar jurisprudencia y servir para otros sectores, como el del agua o las ITV.