Gestión pública o gestión privada, he ahí la cuestión. O así la pone el Gobierno. El Consejo de Ministros acaba de aprobar el anteproyecto de Ley que consolida la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS). Con él, entre otras cosas, se busca que la gestión sanitaria sea muy mayoritariamente pública y directa, y que solo se recurra al sector de la sanidad privada cuando sea indispensable. 

¿Pero cuándo no está siendo indispensable el sector sanitario privado? Según datos de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), los centros privados realizan entre el 27% y el 39% de la actividad hospitalaria del SNS. 

Además, el SNS complementa su actividad concertando diferentes servicios con el 65% de los hospitales privados. Esto ha llevado a que el 35% de la facturación de estos hospitales provenga de los conciertos públicos. 

Y todo ello a un coste poco relevante. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) indica que solo el 11,2% del gasto sanitario público se destina a partidas presupuestarias relacionadas con conciertos.

Además, hay modelos de colaboración como el mutualismo administrativo (Muface, Mugeju e Isfas), que cubre al 82% de los funcionarios públicos, que han probado su éxito. Pese a las críticas que ha recibido este modelo, las cifras que pone sobre la mesa el IDIS indican que supone ahorro para las arcas públicas. 

Ahorro

Concretamente, Muface ahorra al sistema público entre 720 y 800 millones de euros al año. Se trata de un dato extraído del ahorro que se genera por cada mutualista, ya que la prima media es muy inferior al gasto sanitario público per cápita. En concreto, 451 euros menos. 

Varias fuentes consultadas indican que esta legislación lo tiene muy difícil para salir adelante. Por un lado, Unidas Podemos considera que la norma debería ser más radical, con lo que la negociación parlamentaria será dura. 

En cambio, parece difícil que formaciones como Ciudadanos o PNV avalen esta propuesta. También parece difícil por parte de otros nacionalismos, teniendo en cuenta que la norma podría llegar a limitar competencias autonómicas. 

Precisamente por esto hay fuentes que consideran el anteproyecto de ley podría tener dudoso encaje legal. Aunque esta batalla ya se librará más adelante, si prospera. 

Patronal

Las patronales del sector sanitario privado ya han lanzado la voz de alarma. "España se convertiría en el único país de la Unión Europea que excluye al sector empresarial sanitario de su sistema nacional de salud", exponen desde ASPE. 

"Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del SNS es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia del Covid sin tener a los recursos privados a disposición", alerta Carlos Rus, presidente de ASPE.

[La Fundación IDIS llama a "pasar página al discurso demagógico y sectario" sobre la sanidad privada]

Mientras, la Fundación IDIS ha pedido "pasar página al discurso demagógico y sectario que no aporta y ver en el sector privado un aliado estratégico cada vez más imprescindible para atender las necesidades de la población".

En un comunicado, la organización ha señalado que "la magnitud de los problemas existentes en el sistema sanitario público, que requerirían de una auditoría en profundidad, no se puede ver respondido por un discurso cada vez más politizado circunscrito a una “supuesta privatización” de los servicios sanitarios que, por otra parte, no es real".