La comunidad que preside Pere Aragonès va a solicitar al Ministerio de Sanidad la cesión de las competencias de este órgano, según ha adelantado el consejero de Salud catalán, Manel Balcells, a La Vanguardia y ha podido confirmar este periódico por fuentes de su departamento. El objetivo de esta petición es tener más herramientas para controlar el gasto farmacéutico de la región, según ha argumentado Balcells. 

Pero el departamento que dirige la ministra Mónica García tiene clara la respuesta: la negociación y fijación de precios de los medicamentos "es competencia exclusiva del Estado. No hay intención de disgregar ese mercado", han señalado fuentes ministeriales a EL ESPAÑOL-Invertia. 

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Todavía no está claro si Balcells ya se lo ha comunicado al Ministerio de Sanidad o cuándo lo hará. "No tenemos nada que comentar por ahora", han dicho fuentes del departamento de Salud de la Generalitat a EL ESPAÑOL-Invertia. Desde el Ministerio no tienen constancia de que se haya hecho la petición de manera formal. 

Lo que sí está claro es que el consejero se reunirá el próximo febrero con Mónica García. Podría ser entonces cuando el responsable de la sanidad catalana haga la reclamación de forma expresa a la ministra. 

El gasto farmacéutico de Cataluña

De acuerdo con los datos que recoge y publica el Ministerio de Hacienda, la factura farmacéutica de la Generalitat ascendió a más de 4.000 millones de euros en 2022, lo que supone un incremento del 3,2% con respecto al ejercicio anterior. Esta cifra es la segunda más alta de España, sólo por detrás de Andalucía, donde el gasto fue de 4.658 millones de euros en 2022.

Hasta noviembre de 2023 (últimos datos disponibles), el gasto en medicamentos de la comunidad de la que Balcells es consejero de Salud alcanza los 3.906 millones de euros, lo que se traduce en un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior, uno de los más elevados de toda España.

Cómo funciona la CIPM

La Comisión Interministerial de Precios de medicamentos (CIMP) cuenta con representación de los ministerios de Sanidad, de Hacienda, de Economía y de Industria. Además, están presentes también las comunidades autónomas, tres concretamente, que van rotando cada seis meses.

Son los miembros de esa comisión los que toman la decisión final sobre la financiación pública de los productos farmacéuticos. Y lo hacen bajo los criterios que marca la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y los Productos Sanitarios.

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Pero antes de la decisión final, hay un periodo de negociación entre el órgano y la compañía farmacéutica. La CIMP discute aceptar o no un producto, y lo que cuenta es la votación final, en la que la financiación y el precio serán aceptados o rechazados.

En caso de rechazo, el laboratorio tiene la oportunidad de volver a presentar una nueva oferta tras conocer los fallos que podría haber tenido la anterior. La respuesta puede ser múltiple: una bajada de precio, una nueva fórmula de financiación (acuerdos de riesgo compartido, de volumen de compra...), aportaciones de acompañamiento del producto, etc. 

En cualquier caso, si se concede la financiación pública y se fija el precio, cabe recordar que se trata de una cifra inicial en el caso de los fármacos hospitalarios. Son precisamente estos los que suelen elevar de manera considerable la factura farmacéutica de las regiones, al entrar en esta categoría las nuevas terapias.

Los fármacos hospitalarios supusieron el 35,7% de la factura farmacéutica de Cataluña en 2022 (1.438 millones de euros) y es la parte que preocupa a Balcells.

Normalmente, a no ser que el producto cubra un hueco terapéutico, las empresas farmacéuticas suelen tener que renegociar el precio de sus medicamentos con las comunidades autónomas, o incluso con cada centro hospitalario, tomando como tope máximo el precio aprobado por la CIMP.