La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quería seguir con su política del embudo. En el SMI la aplicó. Impuso su criterio para demostrar a los empresarios que es la que manda. Ahora quería hacer lo mismo con la jornada laboral.
Quería que los empresarios se sentaran en la mesa con Ministerio y sindicatos para reducir “sí o sí” la jornada laboral a 37,5 horas semanales, manteniendo los salarios. A este trágala le llamaba “diálogo social”. Ella decidiría. En realidad, quería sustituir a los sindicatos para apuntarse la “reducción de la jornada laboral”.
¿A todos los trabajadores? No. Ya hay 3 millones de empleados públicos y, al menos, 1,5 del sector privado que tienen esa jornada o menos ¿Por qué? Porque lo pactaron sus sindicatos sectoriales o de empresa con las patronales en sus convenios colectivos.
Ya hay 3 millones de empleados públicos y, al menos, 1,5 del sector privado que tienen esa jornada o menos
La reducción de la jornada laboral tiene sus beneficios: permite mayor conciliación de la vida profesional, familiar y personal; ayuda a un mayor consumo; mejora la salud de los empleados, evita cansancio y estrés.
Pero tiene inconvenientes. El principal es que si no va unida a un aumento de la productividad por hora aumenta los costes de producción, eso produce inflación y a medio plazo sustitución de factor trabajo por capital y, en consecuencia, reduce la creación de puestos de trabajo o aumenta el paro.
¿Entonces por qué ya está en determinados sectores? En el sector público porque los políticos ante las presiones sindicales ceden, sobre todo antes de las elecciones. En el sector privado porque empresarios y sindicatos organizan la producción para que aumente la productividad por hora.
De manera que, salvo en el sector público, los firmantes de esos convenios, sindicatos y patronales llegan al conocimiento de que es posible o, incluso, conveniente la jornada de 37,5 horas, a cambio de permitir cambios de organización que aumentan esa productividad.
La decisión debe trasladarse a los convenios de sector o empresa
Pero eso solo lo saben los empresarios de cada empresa o sector y sus sindicatos. Por tanto, si se quieren obtener todas las ventajas de la reducción de jornada, sin crear sus inconvenientes, la decisión debe trasladarse a los convenios de sector o empresa. No puede ser una decisión general.
Las decisiones generales que pretendía la ministra ya las había en la época franquista. En aquel sindicato vertical, la parte social (trabajadores) y la económica (empresarios) se reunían bajo la tutela del gobierno. Ambos, unos y otros, eran sumisos a los intereses políticos, que entonces se llamaba “la paz social” que era lo más parecido a la “paz de los cementerios”, por muchas razones.
Las decisiones generales que pretendía la ministra ya las había en la época franquista
Afortunadamente la CEOE/CEPYME y los sindicatos han decidido dejar aparte al Ministerio y hablar entre ellos. Pero tampoco deben tomar una decisión general. Deben desplazar la discusión a los convenios colectivos de sector o empresa.
Es a ese nivel donde se conocen las circunstancias concretas y se pueden tomar las medidas para aumentar la productividad que elimine los inconvenientes de la reducción de la jornada con los mismos salarios, manteniendo los buenos efectos.
Lo que sí podría hacer el Gobierno es incitar a que en las negociaciones colectivas sectoriales y de empresa se reduzca la jornada laboral con incentivos. Por ejemplo, se podría reducir durante un tiempo un porcentaje de los costes sociales (Seguridad Social) o dar incentivos fiscales a aquellos sectores o empresas que lo pactasen o lo tuvieran ya.
Pero, en todo caso, el acuerdo hay que dejarlo a los verdaderos interlocutores sociales en su campo natural: la negociación de los convenios sectoriales o de empresa.
Tomar la decisión como se hizo con el SMI era resucitar el sindicato vertical o acercarse a la dinámica de aquellas “democracias populares”, comunistas, donde el gobierno era, y es, el empleador y los sindicatos su longa manu.
Al fin y al cabo, la ministra de Sumar procede de Izquierda Unida y, dentro de ella, del partido comunista. Parece que ha ganado el sentido común y patronal y sindicatos están evitando volver al sindicato vertical. La ministra que se aparte.
** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.