El Ministerio de Sanidad ha publicado este viernes la orden ministerial que constituye el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. Este órgano estará en funcionamiento dentro de tres meses.

El Observatorio tiene como fin el diseño de la estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito sanitario y el impulso continuado de mecanismos de prevención, de un sistema de alertas y de la colaboración con otros organismos y entidades.

Con la finalidad de incorporar en el ámbito de la sanidad pública una política de integridad que cuente con mecanismos de prevención fuertes contra la corrupción sanitaria, "se considera prioritario colaborar y participar activamente en el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado (SIAGE) desarrollado desde la Secretaría de Estado de Función Pública", ha señalado el Ministerio en un comunicado.

[Armengol intentó anular el informe anticorrupción de Baleares que puso en la picota sus contratos Covid]

La creación y posterior funcionamiento de este organismo "no supondrá gastos adicionales a los previstos en las dotaciones presupuestarias ya que será atendido con los medios materiales y personales del Ministerio", han detallado.

Estará presidido por la ministra Mónica García y contará con la presencia del secretario de Estado, la subsecretaría, la directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, la del INGESA, el director general de Farmacia y la Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud

Funciones

Entre las funciones en el ámbito de la prevención estará la de proponer a los órganos competentes en el Ministerio las actuaciones en el ámbito de la contratación considere oportunas; impulsar mejores prácticas en el ámbito de la trasparencia; velar por informar al personal del departamento e impulsar la incorporación de cursos específicos sobre la materia.

En cuanto al sistema de alertas, se va a proponer a los órganos competentes en el Ministerio mejoras en el ámbito de la calidad de los datos; impulsar las herramientas necesarias para la elaboración de mapas de riesgos; proponer la sistematización del seguimiento de los contratos; estudiar los posibles conflictos de intereses y proponer cambios legislativos con el fin de evitarlos, entre otros.

Por último, se impulsará la colaboración con entidades u organismos públicos o privados que tengan funciones de vigilancia, supervisión o control en materias de contratación pública o prevención de la corrupción.