El Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes ha aprobado una batería de medidas que ayudan a las familias que viven en régimen de alquiler y debido a la pandemia sanitaria se encuentran en un estado de vulnerabilidad.

La propuesta aprobada pasa por cuatro grandes bloques que suman una partida de 700 millones de euros: línea de microcréditos, moratoria en grandes tenedores, cancelación de desahucios y prorrogar contratos.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha afirmado que en estos momentos "la vivienda es un bien aún más imprescindible si cabe porque es la trinchera desde la cual la gente resiste el virus". "Debemos garantizar más que nunca su derecho a la vivienda", ha ahondado.

En primer lugar, "quedan suspendidos desde desde la entrada en vigor del estado de alarma hasta seis meses después del fin de su finalización todos los desahucios sin alternativa habitacional de los hogares vulnerables". "Nadie puede ser expulsado de su casa", ha destacado Pablo Iglesias.

En cuanto a los contratos de alquiler, la propuesta establece una prórroga automática de seis meses para todos los que venzan en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta norma. "Este medida supone impedir que a ningún inquilino de España con un contrato vigente se le pueda subir el alquiler durante los seis próximos meses", ha declarado el vicepresidente del Gobierno. Está en línea con lo diversos bufetes de abogados ya habían explicado a Invertia recientemente.

El inquilino, siempre que se encuentre en situación de vulnerabilidad, podrá solicitar un aplazamiento en el pago de su renta. El arrendador tendrá siete días para aceptarlo, proponer una alternativa o rechazarlo, ha especificado el Gobierno en la nota de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En el caso de que no haya un acuerdo, el inquilino tendrá acceso a un programa de ayudas transitorias de financiación a coste cero (sin intereses ni comisiones) con aval del Estado.

El inquilino podrá solicitar un crédito finalista, directamente pagado al arrendador, por importe de hasta seis mensualidades de la renta de alquiler, a devolver en un periodo máximo de diez años. Este crédito será concedido por las entidades de crédito y contará con el aval del Estado, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que firmará el correspondiente acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Para personas que tengan problemas más permanentes para el pago del alquiler, se establece también un nuevo programa de ayudas directas al alquiler sobre vivienda habitual y que podrán ser añadidas a las citadas anteriormente.

En caso de no poder devolver este dinero a pesar de estas ayudas, el Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en problemas de vulnerablidad que no logren salir de esa situación.

Pablo Iglesias ha destacado que las condiciones de “vulnerabilidad” son amplias, no restrictivas, puesto que puede acogerse a estos microcréditos personas que estén en ERTE, gente con reducciones de jornada o en situación de desempleo.

La norma incorpora un programa específico para víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras especialmente vulnerables, a fin de dotarles de una solución habitacional inmediata. Se establece una ayuda de hasta 600 euros al mes, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

Grandes tenedores

Para terminar, Pablo Iglesias ha querido diferenciar entre grandes tenedores de viviendas en alquiler y pequeños propietarios. Se entiende como tal a quien posea más de diez inmuebles. "El decreto garantiza que todos los pequeños propietarios van a percibir íntegramente las rentas de sus viviendas y al mismo tiempo garantiza que los grandes tenedores y fondos buitres va a asumir como es normal parte del impacto de la medida efectuando quitas y restructuraciones de las deudas de sus inquilinos", ha explicado.

La moratoria en el pago de la renta se prolongará mientras dure el estado de alarma o mientras persista la situación de vulnerabilidad, con un máximo de cuatro meses. Una vez superada dicha situación, el inquilino devolverá la cuota o cuotas no pagadas a lo largo de un periodo no superior a tres años, sin que pueda aplicársele ningún tipo de penalización ni intereses.

"Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran tenedor de vivienda este tendrá que elegir entre dos opciones: una quita del 50% de la deuda o bien reestructurarla para que pueda pagarla durante tres años", ha concretado Pablo Iglesias.