El retraso en la concesión de licencias de obra nueva y primera ocupación tiene un coste para el comprador de 12.802 euros por vivienda, según el informe 'Licencias urbanísticas: El tributo invisible', elaborado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA) junto con EY Abogados.

El informe estima que el tiempo medio que tardan en otorgarse las licencias de obra nueva en España es de 12 meses, a pesar de que la legislación recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para obras menores. Respecto a la licencia de primera ocupación, la dilación media en España es de tres meses.

Los consumidores finales son los que asumen el sobreprecio a la vez que prolongan su estancia en su anterior domicilio, lo que conlleva un sobrecoste en términos de arrendamiento, de intereses devengados por aquellas hipotecas asociadas a antiguas viviendas o de retraso en la transmisión de dicho inmueble, indica el informe. Y más cuando, aunque todo el mundo espera una bajada en los precios por el impacto de la crisis sanitaria, la realidad es que el precio de la vivienda ha subido un 4,2% en abril.

El estudio analiza los retrasos en la concesión de licencias urbanísticas y los consecuentes costes en diez municipios españoles: Madrid capital, Majadahonda, Las Rozas, San Sebastián de los Reyes, Pozuelo de Alarcón (todos en la Comunidad de Madrid), Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza.

Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de Asprima, destaca que "con este informe queremos sacar a la luz los costes que conllevan, tanto para el promotor como para el consumidor final, los retrasos en la concesión de licencias".

"Es inasumible que el comprador de una vivienda pueda llegar a tener un sobrecoste del 10% del precio como ocurre en algunas localizaciones, lo cual representa más de 39.000 euros, a causa de estos retrasos", lamenta Gómez-Pintado.

Pérdidas millonarias para los promotores

El presidente de Asprima calcula que la falta de eficiencia en la tramitación de las licencias de las 9.000 viviendas nuevas que se entregaron en la ciudad de Madrid el coste de esa ineficiencia vino a representar más o menos 203 millones de euros, a los que habría que añadir otros 10 millones más de falta de recaudación del IBI.

En la Comunidad de Madrid el coste subiría a unos 386 millones y a nivel nacional la cifra sería de 817 millones de euros por pérdidas de efectividad, según los cálculos de Asprima.

Al menos, los actuales gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han tomado nota y han dado los primeros pasos para eliminar la "grasa" burocrática en el ámbito de la construcción.