España cuenta con un parque de vivienda de social compuesto por 452.040 unidades, lo que representa el 2,5% del total de viviendas principales. Este porcentaje está seis puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea situada en el 9,3%, según refleja el Boletín Especial Vivienda Social elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Los números de España, proporcionados por Eurostat y el Observatorio Housing Europe, reflejan la poca relevancia que ha tenido la vivienda pública en alquiler frente a la protegida con destino venta directa.
En términos absolutos, el país que dispone de un mayor número de viviendas sociales es Francia (4.689.392), seguido de Reino Unido (4.627.402), Países Bajos (2.081.846) y Alemania (1.439.860). Sin embargo, las cifras en términos relativos nos indican que el país que dispone de un mayor parque de vivienda social en relación con su vivienda principal es Países Bajos (30%), seguido de Austria (24%), Dinamarca (20,9%), Suecia (19%) y Reino Unido (17,6%).
Vivienda social en Europa
Por situar a España en el ámbito de la Unión Europea, nuestro 2,5% nos coloca en el entorno de países como Bulgaria (2,5%), Portugal (2%) o Eslovaquia (3%). De hecho, solo estamos por delante de Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia y Chipre.
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha destacado en la presentación del boletín este jueves que “estamos muy lejos del esfuerzo que se ha ido haciendo en otros países”. En el caso de España, ha reconocido, “ha primado la vivienda protegida frente a la social en alquiler en los últimos 40 años”.
Vivienda protegida vs. social
La media de la Unión Europea se sitúa en cuatro viviendas sociales por cada 100 habitantes, un 4%, mientras que España no llega a alcanzar el 1%. Mientras, la vivienda protegida tuvo una gran importancia en los años 80, hasta incluso suponer más el 60% del total en 1985.
A finales de la década de los 80, el porcentaje de vivienda protegida registró una caída notable hasta situarse en el 7,2% del total en el año 2002; si bien, indica el boletín, coincidiendo con una etapa de fuerte incremento de la producción en el inicio del “boom inmobiliario”. En los últimos años el porcentaje se ha reducido de nuevo hasta rondar el 10% en la actualidad, pero esta vez en un contexto muy diferente, de mínimos históricos también en la producción de vivienda libre.
Evolución vivienda protegida en España.
Así, en el periodo estudiado (1981-2019) se han construido en España 10,9 millones de viviendas para un incremento de población de 9,4 millones de personas y 7,9 millones de hogares. De todas ellas, 2,36 millones de casas tenía algún tipo de protección oficial.
Ley Estatal de Vivienda
Ante esta deficiencia de parque público de viviendas en alquiler social, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha puesto en valor que el actual Ejecutivo está desarrollando “una política de vivienda que pretende ser eficaz”. “Hace dos años anuncié que la agenda urbana y la vivienda se verían reforzadas”, ya que se trata de “un problema real y complejo que preocupa a muchos españoles”.
“Algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace ya años e incluso décadas”, ha puesto de relieve el ministro, que también ha resaltado que cuando sí pudieron destinar “abundantes” fondos públicos para vivienda protegida “no siempre se hizo así”. De la misma manera ha recordado algunas actuaciones realizadas como el sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, el Plan 20.000 o las negociaciones abiertas para la cesión de suelo público (como la Operación Campamento, por ejemplo).
El ministro ha aprovechado la presentación del Boletín Especial del Observatorio de Vivienda Social para anunciar que este viernes se abrirá el trámite de consulta pública del proyecto de Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda.
El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, ha explicado que el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada requiere de la aprobación por parte del Estado de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio en todo el territorio.
Asimismo, ha señalado que entre los objetivos de este proyecto de Ley se encuentran la regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general, el blindaje de la función social de la vivienda o promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda estable.