Ciudadanos ha planteado en el Congreso mirar al modelo vasco a la hora de diseñar el próximo Plan de Vivienda 2022-2025, y particularmente sus programas para movilizar vivienda vacía y de particulares y dirigirlo a ofrecer alquileres sociales.
Todo ello en una batería de medidas recogidas en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que la formación 'naranja' propone medidas dirigidas a garantizar el acceso a la vivienda de las personas jóvenes.
En su iniciativa, Cs plantea una serie de propuestas para el próximo Plan Estatal de Vivienda, pero también dos cambios legales: uno para reformular los incentivos a propietarios en el IRPF y otro para fijar en la Ley de Suelo y Rehabilitación que toda la vivienda que se construya en los próximos 30 años y esté sujeta a régimen de protección pública se destine a alquiler protegido.
En el caso del incentivo fiscal en el IRPF, propone cambiarlo para dirigirlo a facilitar el acceso al alquiler de colectivos vulnerables, teniendo en cuenta también "las características específicas en las áreas metropolitanas".
Respecto al próximo Plan Estatal de Vivienda, Cs pide mirar a programas como el desarrollado en el País Vasco, Bizigune, dirigido a captar pisos desocupados para ofrecer alquileres protegidos. Este en particular supone que la Administración, a través de la empresa pública vasca Alokabide, se convierta en agencia, ocupándose de todo tipo de gestión en un contrato en un usufructo de seis años, garantizando la renta al propietario y otorgando facilidades a su rehabilitación.
Garantías legales
Concretamente, Cs llama a solicitar una evaluación a la AIReF de este tipo de programas y, teniendo en cuenta sus resultados, facilitar recursos presupuestarios a las comunidades autónomas para el desarrollo de estos programas. También pide impulsar servicios de intermediación, y de nuevo pide tomar de referencia otro programa en el País Vasco.
En este caso, el de ASAP (Alokairu Segurua, Arrazoizko Prezioa), un programa de intermediación para incorporar vivienda privada en alquileres asequibles a través de un sistema de garantías en forma de pólizas de seguros y asistencia jurídica. A cambio, la Administración fija rentas máximas en los alquileres, garantizando precios por debajo del mercado.
Finalmente, plantea otras dos medidas a tener en cuenta en el Plan Estatal de Vivienda. Por un lado, acordar que un mínimo del 60% de inmuebles que se inscriban en programas de captación de pisos desocupados y de intermediación se ponga a disposición de personas menores de 35 años.
Y, por otro, crear un programa para ampliar el parque público de vivienda en régimen de alquiler, en colaboración con las comunidades, que tenga como finalidad aumentar vivienda de protección oficial, a través de la compra o concesión de uso de viviendas privadas, principalmente en zonas con precios tensionados o elevada incidencia de situaciones de vulnerabilidad en acceso.