El Gobierno muestra al fin las cartas con las que pretende facilitar el acceso a la vivienda. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana ha sacado a audiencia pública su Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. Desde subvenciones a los promotores, hasta ayudas a personas desahuciadas y rehabilitación de edificios comprenden el catálogo de medidas planteadas.

De momento, el texto redactado por el departamento que lidera el ministro José Luis Ábalos, está sujeto a modificaciones. El plazo para presentar aportaciones con el objetivo de "enriquecer y conformar el texto definitivo para culminar su tramitación administrativa y aprobación final" está abierto hasta el próximo 9 de julio, según ha informado la administración.

Con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda en régimen de alquiler, especialmente a ciudadanos con dificultades económicas o en otras situaciones de vulnerabilidad, se persigue fomentar un mayor parque público de vivienda. Para ello, se plantea un reenfoque de la promoción inmobiliaria así como la puesta a disposición pública de las viviendas en manos de la Sareb.

Pendiente de cifras

A pesar de que el plan es detallado, no lo es tanto en las cifras. El documento abierto a audiencia pública se limita a señalar que el Consejo de Ministros será el responsable de autorizar las cuantías máximas de gasto estatal, tanto en conjunto como por cada uno de los años de vigencia del Plan. Sí se estipula que, aunque las partidas se imputarán a los Presupuestos Generales del Estado, las comunidades autónomas podrán realizar sus propias aportaciones.

No obstante, el Ministerio de Ábalos ya ha adelantado que el objetivo de Implementación de la Agenda Urbana española, que forma parte del Plan de Recuperación aprobado por la Comisión Europea, estará dotado con hasta 4.420 millones de euros a desembolsar hasta el ejercicio 2026.

Esta partida estará destinada a la rehabilitación para la recuperación económica y social de entornos residenciales así como para la construcción de viviendas en alquiler social y la eficiencia energética. A este último destino se destinarán 1.000 millones de euros mediante la promoción de viviendas de nueva construcción o rehabilitación de edificios no destinados actualmente a vivienda en terrenos de titularidad pública.

El objetivo, tan ensayado en los últimos tiempos, es fomentar la colaboración público-privada para conseguirlo. Para ello se ha definido también la creación del gestor de la rehabilitación, que será la persona o institución al cargo del impulso, seguimiento, gestión de ayudas públicas y acceso a la financiación, así como la elaboración de documentos y todas las actuaciones necesarias para la ejecución de estas obras.

Hasta 1.100 euros al mes

Del mismo modo, el Plan Estatal también prevé ayudas de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% del alquiler de la vivienda para personas desahuciadas de su domicilio habitual, personas sin hogar, víctimas de violencia de género o de otras situaciones de vulnerabilidad. Una ayuda que podría complementarse con la de hasta 200 euros al mes para afrontar gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos.

En este caso, el documento apunta hacia un periodo de cinco años desde su concesión inicial. Una autorización que quedaría en buena medida en manos de los servicios sociales de la comunidad autónoma o de la administración local correspondiente en cada caso.

Como una coletilla de las medidas de ayuda social establecidas durante la pandemia, se establece también la posibilidad de ayudas de hasta el 100% del importe del alquiler mensual para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. En principio, las condiciones pasan por un precio no superior a los 900 euros y que supere el 45% de los ingresos netos del solicitante, que igualmente no podrá percibir rentas por más de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Con el objetivo de que el sector privado arrime el hombro, el borrador del Plan Estatal señala subvenciones para la promoción inmobiliaria destinada al alquiler por hasta 47.250 euros por vivienda. En este caso, la medida más específica es la de la recepción de hasta 450 euros por metro cuadrado de superficie útil.

Tope al precio al alquiler

Las promociones de viviendas susceptibles de adherirse a estas ayudas serán aquellas de nueva construcción o rehabilitaciones de edificios que se vayan a ceder en uso o destinar a arrendamiento durante un plazo mínimo de 15 años.

A cambio, el compromiso es no sobrepasar un precio de alquiler de 7,5 euros por metro cuadrado útil. Una fórmula con la que el Ministerio de Agenda Urbana busca modular los precios del mercado con una intervención más suave que la limitación de precios, que sigue encima de la mesa del Gobierno.

También se prevé la dotación de fondos para el aumento del parque público de vivienda mediante compra de inmuebles. Las administraciones que utilicen los fondos estatales para ello, por un máximo del 60% del precio del inmueble, tendrán que destinar las viviendas a alquiler social durante un plazo mínimo de 50 años. En este caso, el precio máximo para el arrendamiento se limita a 5 euros por metro.

Además, desde el Ministerio se propone un programa de "fomento de alojamientos temporales, de modelos de cohousing, de viviendas intergeneracionales y modalidades similares". En este caso, el compromiso de alquiler por parte de los promotores ha de ser de un mínimo de 20 años. En cualquier caso, la ayuda estatal no podrá exceder un 50% de la inversión total ni los 50.400 euros por alojamiento y tampoco una cuantía de 420 euros por metro cuadrado.