El anteproyecto de la 'Ley Estatal de Vivienda' que prepara el Gobierno prevé prohibir la privatización de vivienda pública destinada a alquiler por parte de las administraciones, según ha explicado este viernes el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

"Es uno de los presupuestos fundamentales que nos motivó a trabajar el proyecto de ley de vivienda, que es garantizar la función social de la vivienda y muy especialmente impedir la enajenación del parque público", ha afirmado el ministro en una entrevista en la Ser Cataluña recogida por Europa Press.

Ábalos ha asegurado que esta medida pretende acabar con la "expropiación de lo colectivo, tanto que a algunos les gusta hablar de expropiación", y atajar la falta de oferta de parque público de vivienda en España. "Por eso es importante que la ley salga, y no se reduzca solamente a la intervención de los precios", ha añadido. La noticia ha sido avanzada este viernes en el diario económico 'Cinco Días'.

Acuerdo inminente

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL recientemente, tras meses de luchas entre los socios de Gobierno hay acuerdo en la líneas maestras de la futura Ley Estatal de Vivienda. Sólo falta el último fleco: la pelea de ver si alguien gana el relato.

Fuentes de Unidas Podemos filtraron a varios medios que el PSOE había aceptado, por primera vez, la propuesta de Belarra de "poner en marcha un sistema de regulación pública de los precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos, frente a los incentivos fiscales que proponían inicialmente".

Desde el entorno de Ábalos aclararon que los incentivos fiscales a los propietarios no se eliminan. Y que la propuesta de congelar precios en "zonas tensionadas" ya estaba sobre la mesa de la ministra, que ha pasado cinco semanas inmersa en una campaña electoral interna para hacerse con la Secretaría general de Podemos.

Aeropuerto de Barcelona

Ábalos ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: "Un 'hub' no puede desplazarse, si no, pierde todo interés. Ahora hay un proyecto de inversión y tenemos de plazo hasta septiembre para encajar estas inversiones".

Ha admitido que existen "problemas medioambientales" con la ampliación, que afecta a espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat (Barcelona), pero considera que el plan prevé una solución y que es posible integrar la protección del medio natural con el desarrollo de la infraestructura.

Ha explicado que el Gobierno y la Generalitat trabajan ahora en la constitución de la mesa técnica que analizará la ampliación, para "tener bien claros los impactos" y luego abordar la vertiente política del proyecto.

El ministro constata una "visión más racional, más abierta" por parte de la Generalitat, que ha recordado que es quien tiene la última palabra, junto con los ayuntamientos de los municipios afectados.

"Al final, lo que va a contar, obviamente, es la actitud del territorio. Si el territorio es contrario, no procede hacer ninguna inversión", ha dicho.