Son ya siete los meses de retraso que acumula la Ley de Vivienda comprometida entre el PSOE y Unidas Podemos. Más de medio año en los que la formación morada presiona para intentar trasladar a nivel nacional la Ley de Contención y Moderación del Precio del Alquiler implantada en Cataluña. Su punto fuerte es que limita las rentas de alquiler en lo que ha venido a denominarse como zonas tensionadas.

“Lo importante es propiciar un mayor y mejor acceso al alquiler, es cuidar y trabajar sobre la oferta”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Y añade: “La ley que limita los precios en Cataluña y su posible traslación a la Ley de Vivienda estatal, con la que presiona Unidas Podemos, es claramente un castigo a los propietarios, particulares y empresas, y perjudica la inversión privada e institucional”.

La limitación de precios pretendida, en el caso de Cataluña, sí se ha logrado. En concreto, y según la Agencia Catalana de la Vivienda, han bajado un 5,5%. De media, en los contratos firmados, la caída ha sido de 44 euros mensuales menos. Trasladado a un año, serían 528 euros. En el caso de Barcelona, esa cifra se iría hasta los 912 euros anuales. En aquellos municipios donde no se ha implantado, la caída ha sido del 2,7%.

Un porcentaje, el del 5,5%, que también se ha dado en la Comunidad de Madrid, donde no hay esos topes en el precio de salida. Y eso ha sido así no gracias a la legislación, sino al propio mercado. Porcentajes que también coinciden en las ciudades de Barcelona y Madrid. En ambos casos, el descenso ha sido del 9,9%. Similar al de Valencia. Y muy parecido al de Sevilla: 8,8%. Son datos de Tecnocasa. Por tanto, estamos, más bien, ante un cambio de ciclo.

Un dato: en Barcelona ciudad, los precios ya habían empezado a caer incluso antes de que se implantara la norma. “Todos los datos apuntan a una disminución importante de la oferta de viviendas en alquiler o disminución de contratos firmados, desde las cifras oficiales ofrecidas por la Agència de l’Habitage, con un decrecimiento del 16,6% de las firmas, hasta los portales inmobiliarios”, resalta José Ramón Zurdo.

Menor oferta

Uno de esos portales es pisos.com. “Se ha producido un efecto rebote en el que se ha registrado una caída del 40% de la oferta de alquiler disponible”, señala Ferran Font, su director de Estudios. Y continúa: “La ley ha causado una caída de la oferta de alquiler disponible tanto por el auge del alquiler turístico como por la inseguridad que se ha generado en el mercado con la aplicación de esta ley”. Ello, a su vez, ha llevado a que muchos propietarios retiren su vivienda del mercado.

Porcentaje similar es el que recogía Idealista. En su caso, y durante el mes de septiembre, la oferta en la ciudad de Barcelona se ha reducido un 42% respecto al mismo mes del pasado año. Traducido a viviendas: 10.990 viviendas menos.

Otro dato relevante, que viene acentuándose en la ciudad condal, es que el número de inversores que compran vivienda para alquilar se está diluyendo. Si en España, de media, representan el 21% del total del alquiler, en Madrid sube hasta el 28%, y en Barcelona se queda en el 16%.

“Si el Gobierno quiere saber qué es lo que sucedería con el mercado del alquiler en el resto de España si se aplicara la ley catalana del alquiler ya tiene la respuesta: caída brusca de la oferta de viviendas en las zonas intervenidas, con unas rentas que apenas bajan de precio”, apunta el director general de ANA.

Nuevo paso

Ante esa resistencia de intervenir los precios por parte del PSOE, Unidas Podemos ha firmado junto a ERC, EH-Bildu, Más País, Junts, la CUP, Compromís y Nueva Canarias un compromiso para registrar la próxima semana en el Congreso una nueva Ley de Vivienda. La misma regularía el precio de los alquileres. Ha sido llevada a la Cámara por CCOO, UGT, el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Dicha ley incluye modificaciones legales en la Ley de Arrendamientos Urbanos, y en la regulación hipotecaria y judicial. Otra idea es que los municipios con más demanda social tengan, en un plazo de dos décadas, un 20% de vivienda social respecto al total del parque de viviendas.

En lo que respecta al alquiler, para ser zona tensionada se deben cumplir una serie de requisitos. Uno de ellos sería que la renta media supere el 30% de los ingresos medios. Otro que, en cinco años, el incremento acumulado de los precios supere en al menos tres puntos la tasa interanual del IPC de la comunidad autónoma.

La calificación de zona tensionada podría mantenerse durante un periodo de hasta cinco años. Asimismo, habilitaría a los ayuntamientos a aplicar las medidas que consideraran oportunas para determinar, en base al índice de precios, rentas máximas en los alquileres.

Según el Banco de España, “la intervención pública en el mercado del alquiler puede contribuir a aliviar estos problemas”. Así quedó reflejado en su documento ‘El mercado de la vivienda en España entre 2014 y 2019’. Pero sus expertos de la Dirección General de Economía y Estadística estiman que “parecen más efectivas para este fin aquellas medidas que se centran en incrementar de manera estable la oferta de vivienda en arrendamiento a disposición de los colectivos más vulnerables”.