La Ley de Vivienda que aprobará el Consejo de Ministros tras el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos tiene muchas lecturas. Y puede decirse aquello de que no satisfacen a nadie. Y en ese nadie se incluye a fondos de inversión, promotores, e incluso, a los que están llamados a ser inquilinos.

Si se penaliza a los grandes propietarios de inmuebles, estos no sólo acabarán por levantar el pie del acelerador, sino que incluso pueden llegar a vender lo que ya tienen. “Hemos hecho una encuesta a 200 fondos y su tercera prioridad es el mercado del alquiler. Hablamos de 60.000 millones de euros en toda Europa. En España, esa cifra estaría entre los 3.000 y los 4.000 millones de euros”, afirma Mikel Echavarren, CEO de Colliers.

Una cantidad que podría volatilizarse con la nueva ley. O cambiar de destino. Porque dado que las comunidades autónomas pueden aplicar el texto o no, podría producirse un trasvase, o un cambio de planes, de unas autonomías a otras. Es decir, entre aquellas que acabarán aplicándola y las que no. Estas últimas, las cinco del PP: Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia.

Claroscuros

“El punto fuerte de esta ley es la buena intención que tiene de intentar corregir la disposición de alquiler asequible. El punto débil es que lo hace sin orden y sin concierto”, resalta Luis Martín Guirado, director corporativo de Desarrollo de Negocio de Gesvalt.

Los expertos consultados lo tienen claro: posee más puntos oscuros que claros. “Es una ley de dudosa aplicación”, resalta Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. “Genera una incertidumbre legislativa terrible”, indica Luis Martín Guirado. “El intento por controlar rentas y mejorar la oferta por la intervención ha sido contraproducente”, añade Mikel Echavarren.

Incluso la Iniciativa Ley Vivienda, plataforma integrada por más de 120 organizaciones, ha mostrado su indignación “por el muy corto alcance de la misma”. Según relatan, hay una evidente “falta de ambición para solucionar la dramática situación de emergencia habitacional que sufrimos”.

Destacando algunos de los puntos incluidos en la ley, respecto a la limitación de precios, Ferran Font dice que no es efectiva porque “no existe un censo de viviendas vacías”. Y sobre que el 15% se dedique a alquiler social señala que “será a costa de la cuenta de resultados de los inversores. Por tanto, estos tendrán menos interés en construir viviendas”. Y, a menor oferta, precios más altos.

Luis Martín Guirado, por su parte, apunta a que se trata de una ley “mal definida y construida”. Se anticipan índices de referencia que no están publicados, se anticipan varios meses de periodos transitorios, así como normas que tendrán que decidir los ayuntamientos. “Es decir, indefinición e inseguridad en el mercado libre”, concreta.

En lo que respecta a la congelación de las rentas, Mikel Echavarren apunta algunas consecuencias: “Un universo ilimitado de reclamaciones judiciales. Porque no deja de ser una expropiación a la propiedad privada”. Y como artificio puede calificarse el punto que habla de la imposibilidad de vender vivienda pública al no poder cambiar su calificación en un periodo de 30 años. El ejemplo es la enajenación, en 2013, de casi 3.000 pisos en la Comunidad de Madrid a un fondo de inversión que luego fue anulado por el Supremo. “No hay administración pública que tenga ese parque. Por tanto, no tiene necesidad de venderlo”, argumenta Echevarren.

Medida 'estrellada'

Más desahucios, más subidas de alquileres y más desprotección al derecho a la vivienda. Así definen las consecuencias del nuevo texto desde la Iniciativa Ley Vivienda. Un colectivo que lamenta que “las altamente insuficientes medidas queden en manos de la voluntad política de las comunidades autónomas, aumentando el riesgo de discriminación en función del lugar de residencia”.

También lamentan que la ley no impida “que siga habiendo desahucios sin alternativa habitacional de personas y familias vulnerables”. Asimismo, que no incluya ninguna garantía para los suministros básicos. Y que no contemple “la obligación a grandes tenedores de ofrecer alquiler social a familias vulnerables como alternativa real al desahucio”.

Incluso no dudan en afirmar que la medida estrella de la ley nace “estrellada”. La regulación de alquileres es “ineficiente” porque deja a la voluntad de los gobernantes autonómicos su aplicación. “La ley se centra en la posibilidad de acogerse a prórrogas anuales manteniendo el mismo precio y condiciones, condenando a los inquilinos a una situación incierta y asfixiante”.

Salvando las distancias, la ley se aproxima más al modelo Estocolmo que al modelo Sídney. En la capital sueca, el 40% de los inquilinos reside en viviendas acogidas al programa de control estatal. Y las listas de espera llegan a los 20 años. En Sídney, la colaboración público-privada ha hecho que se pongan en alquiler 35.000 nuevas viviendas al año desde 2017.