No es la tormenta perfecta para aquellas personas que tienen vivienda en alquiler, pero casi. Por un lado, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha disparado al 10,2% en junio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por otro, el Gobierno ha alargado hasta el 31 de diciembre el tope del 2% a la subida de los alquileres cuando toque la revisión anual.

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez lanzó el plan para hacer frente a la invasión de Ucrania y reducir la inflación en marzo y por un periodo de tres meses. El impacto previsto en ese periodo de tiempo para los propietarios de vivienda en alquiler fue de 560 millones de euros. Con la extensión otros seis meses más, esa cifra engorda en otros 1,16 millones de euros.

Por tanto, en los nueve meses en los que estará vigente la medida, las pérdidas que sumarán los propietarios al no poder aplicar el IPC serán de 1.722 millones de euros, según Idealista. Una situación que afectará a 2,6 millones de contratos de los más de 3,5 millones de contratos de arrendamiento firmados en España. De ampliarse otros tres meses más, algo que los expertos no descartan, afectaría a la totalidad de los arrendadores. Un 93% son particulares.

Los más y menos afectados

Utilizando el refranero español, y aunque la medida afecta a todos los arrendadores, tengan la vivienda en alquiler donde la tengan, habrá unos que se verán más ‘dañados’ que otros. El marketplace inmobiliario ha hecho un análisis en el que ha tomado como referencia una vivienda tipo piso de dos dormitorios alquilada un año antes en diferentes capitales.

De media, en España, el precio de una vivienda de estas características alcanzó los 675 euros al mes en julio de 2021. Si se actualiza la renta con el 2%, el precio sería de 689 euros. Por tanto, 14 euros más al mes (162 euros al año). De haberse aplicado la subida del IPC, es decir, el 10,2%, la renta hubiera sido de 744 euros al mes. Por tanto, 69 euros más al mes (826 euros al año). Es decir, que la pérdida es de 664 euros anuales.

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Pero, por encima de esa media, hay una serie de ciudades donde la diferencia es superior. A la cabeza está San Sebastián. De aplicarse el IPC, el incremento sería de 1.102 euros. Pero al estar vigente el tope del 2%, dicha subida será sólo de 216 euros. Una diferencia de 886 euros.

En el caso de Barcelona y Bilbao, con el límite del 2%, la subida será de 204 euros. De haberse aplicado el IPC, se hubiera ido hasta los 1.040 euros. Por tanto, la pérdida es de 836 euros anuales.

A continuación, los que más pierden son los arrendadores de Madrid y Palma. En ambas ciudades, con el tope del 2%, la subida será de 192 euros; con el IPC, hubiera sido de 979 euros. Una diferencia negativa de 787 euros.

En el otro lado de la balanza tenemos a cuatro ciudades en las que la diferencia no llega a los 400 euros. Son Palencia, Lugo, Cuenca y Ciudad Real. En las dos primeras, al aplicarse el 2%, la subida es de 96 euros, frente a los 490 euros a los que se hubiera llegado aplicando el IPC. Por tanto, la pérdida es de 394 euros.

Por lo que respecta a Cuenca, con el 2% la subida se queda en 90 euros, frente a los 459 euros con el 10,2% del IPC. Es decir, una pérdida de 369 euros. Dicha cifra, en Ciudad Real, es de 344 euros. Es el resultado de la resta de los 428 euros a los que se hubiera llegado con el IPC menos los 84 euros de aplicar el límite del 2% aprobado por el Gobierno.