El ‘toma y daca’ entre los socios de Gobiernos (PSOE y Unidas Podemos) por la ley de vivienda vive una nueva entrega tras la presentación de enmiendas al proyecto de presupuestos 2023 por parte de UP, ERC y EH Bildu. “La aprobación de estas enmiendas seguiría destruyendo la oferta, aumentando los precios y perjudicando gravemente a los inquilinos”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

Dichas enmiendas, grosso modo, se resumen de la siguiente manera: exigir a los grandes tenedores que ofrezcan alquileres sociales a familias de sectores vulnerables para que puedan interponer acciones judiciales de reclamación de rentas, hipotecas o recuperación de viviendas; límites permanentes a la revalorización para quienes posean más de ocho viviendas; la ampliación de los contratos de cinco a siete años; y un aumento fiscal para los propietarios.

“Las enmiendas buscan que los propietarios particulares y empresas paguen, sin ninguna contraprestación, una política social de viviendas inexistente”, asegura Zurdo.

Renta antigua franquista

En el caso de aprobarse dichas enmiendas, los propietarios verían cómo alquilar su vivienda no es rentable. Su alquiler pasaría a estar siete años congelado (12 en el caso de ser una empresa). Mientras tanto, la inflación se situó el pasado mes de octubre en el 7,3%. “Además, para todas las viviendas que no están en zonas tensionadas, que son la mayoría, los arrendadores perderían un 10% de desgravación. Pasaría del actual 60% al 50%”, señala el director general de ANA.

En concreto, UP, ERC y EH Bildu abogan por rebajar las deducciones fiscales a los propietarios. La reducción será del 90% para quienes firmen un nuevo contrato en zonas tensionadas, a la par que se rebaja en más de un 5% la renta anteriormente exigida.

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Será del 70% si la vivienda se alquila por primera vez siempre y cuando el propietario tenga entre 18 y 35 años. Y, del 60%, si no se cumplen las exigencias previas y se lleva a cabo una obra de rehabilitación. Para el resto, bajaría del 60% al 50% ya citado.

Por otro lado, incluyen que los alquileres, en su renovación anual, no puedan hacerlo en más del 2% de forma permanente. “Eso significaría volver a una reedición de la renta antigua, cuando el mercado del alquiler no suponía más del 7% con viviendas que se quedaban antiguas, deterioradas y en mal estado porque al arrendador no le salía a cuenta invertir en conservar su estado”, afirma Zurdo.

Inquilinos perjudicados

Tanto ANA, como otras asociaciones como Asval, han indicado desde los primeros pasos que dio la ley de vivienda que esta generará inseguridad jurídica. Además, perjudica a los propietarios privados, los únicos que pueden aumentar la oferta y bajar los precios. Y hablan de sobreprotección al inquilino.

“La enorme inseguridad jurídica que padecen los propietarios está perjudicando de forma indirecta a los inquilinos, lo que repercute en una mayor dificultad en el acceso a una vivienda de alquiler en toda España”, advierte Zurdo.

Y, ante esta situación de inseguridad jurídica y pérdida de rentabilidad, “los arrendadores han decidido aumentar las garantías que solicitan a los inquilinos”. Garantías que, en muchos casos, son muy difíciles de cumplir.

“Esto permite observar como una mala planificación política del mercado del alquiler, está reduciendo la oferta de viviendas y encareciendo los precios, perjudicando notablemente a los inquilinos más vulnerables, que son a los que se trataba de proteger con estas políticas intervencionistas”, comenta el director general de ANA.

Semana clave

Será la próxima semana cuando la Comisión de Presupuestos tome una decisión sobre las enmiendas presentadas por UP, ERC y EH-Bildu. De momento, UP ha acusado al PSOE de intentar tumbar, en alianza con el PP, dichas enmiendas.

Según fuentes de UP, consultadas por Europa Press, el PSOE ha manifestado salvedades a las sugerencias relativas a vivienda presentadas a la Mesa de la Comisión de Presupuestos. En concreto, ha objetado que este grupo de enmiendas que se pretenden introducir en los presupuestos afectan al articulado de otra ley (la de vivienda) cuya tramitación está congelada en el Congreso.

Tanto PSOE como PP recalcan que esas enmiendas son ajenas a la materia presupuestaria. Desde UP, esta postura común es un intento de impedir “a puerta cerrada y sin que el Parlamento se exprese democráticamente”, este paquete de enmiendas relativas a vivienda.