Así lo transmiten fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia, que coinciden en que la introducción de cambios en la citada norma resulta clave para poner coto a decenas de "chantajistas". Pese a ello, matizan, se debe aportar aún más seguridad jurídica al sector. 

La reforma, que debía haber llegado al Congreso este jueves, no se aprobará finalmente al no contar con los apoyos suficientes. Fuentes del Ministerio de Vivienda subrayan que la retirada de la propuesta evitará que caiga debido a la campaña electoral de las europeas. 

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De este modo, el Partido Socialista gana tiempo para dialogar con los populares, tal y como han solicitado desde el sector. 

La reforma impulsada por Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, contempla, entre otros aspectos, medidas para evitar que las denuncias contra proyectos urbanísticos o promociones inmobiliarias puedan retrasar indefinidamente las obras. 

Este es uno de los principales objetivos que se marcó el Ministerio cuando elevó la norma al Consejo de Ministros hace dos meses. La idea es poner freno a estos 'profesionales del chantaje', ciudadanos que han hecho de la paralización de proyectos urbanísticos un negocio. 

"Se trata de profesionales o chantajistas de la acción pública, que abusan de esta institución (la Justicia) con fines perversos y que no ayudan al interés general", denuncian desde el Ministerio. 

En los últimos años han llegado a detener importantes proyectos en los juzgados, llegando los promotores a desistir de un gran número de ellos por temor a incurrir en importantes costes. También por este motivo, una importante terna de ayuntamientos ha decidido no impulsar desarrollos relevantes para sus municipios. 

Cabe recordar que, mediante la acción pública urbanística, cualquier persona puede exigir ante la Administración o ante la jurisdicción contencioso-administrativa la observancia de la ordenación del territorio y el urbanismo, sin que sea necesario que se acredite ningún derecho subjetivo o interés legítimo.

Esto permite, según explica el Ministerio de Vivienda, que cualquier ciudadano pueda poner en marcha procedimientos legales con el fin de poder defender la legalidad urbanística. Esto motiva que, en algunos casos, errores de carácter formal fácilmente subsanables puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. Europa Press

El problema para el Partido Socialista es que sus socios de Gobierno no ven este asunto desde una misma óptica. Para Sumar -y para Podemos- esta reforma lo único que va a favorecer es la proliferación de pelotazos urbanísticos muy parecidos a los que se sucedieron en España durante la burbuja inmobiliaria. Ambas formaciones van a votar en contra, remarcando que supone una merma en los derechos de los ciudadanos.