Martín, senadora de los populares, es la encargada de replicar a Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, cuando la titular acude a dar cuentas de la marcha de su ministerio a la Cámara Alta. Las posturas entre ambas formaciones en la materia no pueden estar más distantes. 

Mientras que el Partido Socialista busca comunidades autónomas que se presten a aplicar todos los preceptos de la Ley de Vivienda -sólo Cataluña ha accedido a ello-, el Partido Popular prepara una ofensiva total contra la norma. Los de Núñez Feijóo buscan apoyos para tumbar dos de los aspectos más polémicos de la misma: las zonas tensionadas y el índice de precios. Por el momento, aunque carecen de los apoyos suficientes, mantienen cierto optimismo. 

Explíquemelo para que lo entienda todo el mundo. ¿Por qué los jóvenes ya no podemos comprarnos la casa que se compraban nuestros padres?

La vivienda se ha convertido en un problema de primer nivel. El gobierno tiene la responsabilidad de dar respuesta a esta situación y lo que ha hecho con sus iniciativas es agravarla. 

En estos momentos, la dificultad que tienen los jóvenes para acceder a una vivienda es extraordinaria. Tenemos un paro juvenil del 28%, el doble de la media europea, nuestros jóvenes ya tienen que dedicar el 94% de su sueldo bruto mensual a alquilar una casa. 

Si a todo eso le añadimos que se emancipan mucho más tarde que la media, unos cuatro años, pues se dan todos los ingredientes para que la situación, siendo mala, pueda empeorar si no se toman las riendas y se dan las respuestas que se necesita. 

El sector ha transmitido en numerosas ocasiones que nos enfrentamos a un problema en la oferta. ¿Por qué hay entonces tantas discrepancias con la reforma de la Ley de Suelo si en teoría es un texto en el que una mayoría parece estar de acuerdo? ¿En qué punto se encuentran?

Necesitamos reformar la Ley del Suelo y también la Ley de Vivienda. El suelo es la materia prima sobre la que se levanta la vivienda, por lo tanto, no se puede separar una de la otra. 

Necesitamos reformar la Ley del Suelo para dar seguridad jurídica a los ayuntamientos y a todos los actores de la vivienda. Y necesitamos, desde luego, tirar abajo las barreras que están impidiendo que ahora mismo se construya y se rehabilite vivienda en España.

Y eso, necesariamente, pasa por derogar algunos aspectos de la Ley de Vivienda, como el establecimiento de zonas de mercado ha tensionado, el índice de precios de los alquileres o la permisividad con la okupación.

En estos momentos estamos elaborando una Ley absolutamente reformista con el objetivo de incorporar medidas para el desarrollo urbano y la vivienda. Nos estamos viendo con más de una treintena de personas del sector, comunidades autónomas, municipios, pero también promotores inmobiliarios, rehabilitadores, gestores de vivienda, cooperativas de vivienda o asociaciones que luchan contra la okupación.

Paloma Martín, en el Senado. David Morales.

Justo lo que no ha hecho el Gobierno, que ha enviado dos textos al Congreso y ninguno de los dos ha sido consensuado ni hablando con las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Los aprueba de espaldas a sus socios y los remite al Congreso de los Diputados.

Nosotros anunciamos hace ya 20 días que vamos a llevar en el primer periodo del siguiente periodo de sesiones, en el mes de septiembre, una Ley de Medidas para el desarrollo urbano y la Vivienda que va a suponer, al menos, la modificación de cuatro leyes: la Ley del Suelo, la Ley de Vivienda, la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa y una Ley de confección de obra pública.

Antes de centrarme en esa batería de propuestas, permítame que insista sobre la reforma de la Ley de Suelo. ¿Mantienen que el Partido Socialista no les ha llamado en ningún momento para pactar esta reforma?

El Partido Socialista aprobó en el Consejo de Ministros el primer texto y lo remitió al Congreso sin llamar al Partido Popular. En esta ocasión ha vuelto a cometer los mismos errores. 

Han llevado al Congreso de los Diputados un texto pactado con el PNV y, por lo tanto, no se ha sentado con el Partido Popular para analizar el contenido de esa ley. Tampoco se han sentado ni con las comunidades autónomas ni con los ayuntamientos. Lo hicieron quince días después de haberla aprobado en Consejo de Ministros, exclusivamente para hacerse la foto. Cuando no hay diálogo es muy difícil el acuerdo. 

En estos momentos estamos elaborando una Ley absolutamente reformista con el objetivo de incorporar medidas para el desarrollo urbano y la vivienda.

Del Gobierno no esperamos nada, porque si atendemos a quienes han sido sus socios en materia de vivienda desde hace seis años… Mira, tenemos a Bildu, con el que pactó el control de los precios para el 2023. Luego tenemos a los socios de la Ley de Vivienda, otra vez Bildu, Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya… Y ahora aparecen en la foto con el PNV. Los socios del Gobierno en materia de vivienda son Bildu, la izquierda radical y los nacionalistas. 

Nunca buscan al partido moderado y sensato que es el Partido Popular.

EL ESPAÑOL-Invertia publicó en vísperas de que se retirara la reforma de la Ley de Suelo que el sector inmobiliario quería un gran pacto entre el PP y el PSOE para que esta saliera adelante. ¿Existen opciones de que exista un acuerdo de estas características? ¿Se lo han transmitido también a ustedes?

Nosotros entendemos que es urgente reformar la Ley del Suelo, por eso la incorporamos a nuestro texto. El problema está en el Gobierno, que tiene como socios en materia de vivienda a Bildu, a la izquierda radical y a los nacionalistas. 

A ustedes no les gusta la Ley de Vivienda, que tampoco le gusta a Vox ni le gustaba a Ciudadanos. La norma tampoco cuenta con el apoyo de los principales centros de estudio, ni del sector inmobiliario. Hasta ha recibido críticas del Fondo Monetario Internacional. Ultimamente recibe críticas de Podemos, Sumar, Junts… ¿Qué futuro tiene a corto, medio y largo plazo una Ley que cuenta con tan poco apoyo?

Nosotros nos vamos a dejar la piel para cambiarla. Lo estamos haciendo ya con una treintena de reuniones con el sector para presentar en el Senado el mejor texto posible, el más sólido, el más solvente, con ánimo de dar respuestas a las necesidades de vivienda.

Fundamentalmente hay que dar respuesta a tres aspectos: tenemos que derogar las zonas de mercado tensionado, el índice de precios de los alquileres y, desde luego, no permitir y tolerar la okupación de viviendas, que causan un enorme perjuicio al mercado de la vivienda.

Paloma Martín, durante la entrevista. David Morales.

Nos vamos a dejar la piel para que pueda salir adelante esta Ley. Nosotros somos capaces de concitar mayores acuerdos que otros grupos y sacar textos como por ejemplo la Ley de la multirreincidencia para los delitos de hurto o la Ley para apoyar a los enfermos de ELA.

Haciendo un poco de matemáticas, entiendo que cuentan con sus votos y con los de Vox, pero con esto no les vale. Van a tener que mirar a los socios del Gobierno. ¿Con quién están dispuestos a hablar y con quién no?

Nosotros vamos a seguir la tramitación ordinaria de todos los proyectos de Ley. Cuando se vea aquí en el Senado ya tendremos un primer indicador de cómo se pronuncian los grupos para cuando tenga que debatirse en profundidad en el Congreso. Hablaremos con todos los grupos parlamentarios.

Perdóneme que insista. ¿Significa que están dispuestos a sentarse con el Partido Nacionalista Vasco o con Junts para sacar adelante esta propuesta?

Pues se da la circunstancia que en las comunidades autónomas del PNV y Junts se han presentado recursos de inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda. 

Nosotros tenemos la voluntad de presentar el mejor texto posible y, desde luego, de hablar con todos los grupos parlamentarios para que aquellos nudos que están estrangulando el mercado de la vivienda podamos deshacerlos con esta reforma y poder presentar una alternativa al modelo actual de vivienda en España.

Entiendo pues que, bajo ningún concepto, se plantean intervenir el mercado del alquiler, como ha reclamado la ministra de Vivienda. 

La política del Partido Popular nunca es la intervención del mercado. Nuestra política es incrementar la oferta de vivienda, que sólo se puede hacer con nuevos desarrollos urbanísticos, construyendo vivienda y rehabilitando la que ya hay. Ese es el modelo que estamos aplicando.

Todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han declarado que no van a aplicar las zonas del mercado tensionado ni el índice de precios de los alquileres.

Pero esto no ocurre sólo las comunidades autónomas gobernadas por el Popular. Aquellas gobernadas por el PSOE, Castilla-La, Mancha, Navarra y Asturias, tampoco están aplicando las zonas de mercado tensionado un año después de que se esté en vigor la Ley de Vivienda. 

Paloma Martín, antes de la entrevista, en el Senado. David Morales.

Por lo tanto, ni las propias comunidades autónomas socialistas creen que esto sea una buena solución, al contrario.

Con un simple análisis de los estudios que han hecho entidades económicas se llega a la fácil conclusión de que intervenir el mercado de los alquileres sólo conduce a reducir la oferta y a incrementar los precios.

Lo ha dicho el Banco de España, el Fondo Monetario Internacional, Fedea, el Instituto de Estudios Económicos… Hay unanimidad en que el control de precios lo que hace es reducir la oferta de viviendas y, por lo tanto, incrementar los precios.

Entiendo que tampoco van a permitir a los ayuntamientos del PSOE que estén dentro de comunidades gobernadas por el PP declarar sus municipios como tensionados. 

El procedimiento que establece la Ley es que han de solicitarlo los municipios, pero la decisión, porque la competencia es autonómica, corresponde a las comunidades autónomas. Habrá que preguntar a las comunidades autónomas socialistas si los municipios de izquierda que están solicitando la declaración de zonas del mercado tensionado en sus municipios van a recibir el visto bueno. 

Con un simple análisis de los estudios que han hecho entidades económicas se llega a la fácil conclusión de que intervenir el mercado de los alquileres sólo conduce a reducir la oferta y a incrementar los precios.

En las comunidades autónomas del Partido Popular ya se ha dicho en todas ellas que no se van a declarar las zonas de mercado tensionado.

Una de sus grandes apuestas es aumentar el parque de vivienda asequible. Lo están haciendo en Madrid y en otras regiones. Entiendo que sobre este modelo va a pivotar su estrategia de vivienda. 

Sí, efectivamente. Dentro del Plan Más Vivienda que hemos presentado en el Partido Popular tenemos una medida muy importante, que es ser capaces de poner a disposición de los jóvenes un gran parque de vivienda de alquiler asequible.

Eso significa que es un alquiler hasta un 30% de precio por debajo del mercado. Un modelo que construye esas viviendas sobre un suelo público, ya sea suelo de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, dónde iniciativa privada promueve esas viviendas de alquiler, las gestiona durante un plazo aproximado de setenta años y luego ese patrimonio público revierte a la titularidad del suelo.

Bono al alquiler joven y avales ICO a la primera vivienda. ¿Las mantendrían si llegan a Moncloa?

Los préstamos del Gobierno son una copia de las medidas que comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular llevamos poniendo en práctica desde el año 2021. La primera comunidad autónoma que puso el aval para la hipoteca en la compra de vivienda para los jóvenes fue Murcia, a ella le siguió la Comunidad de Madrid y luego se han sumado otras comunidades autónomas, como Andalucía.

Por lo tanto, el Gobierno acierta cuando copia al Partido Popular en sus medidas.

Paloma Martín, durante la entrevista. David Morales.

En cuanto al bono de los alquileres, nosotros siempre hemos dicho que todo lo que sea incentivar que haya más vivienda y más posibilidad de que los jóvenes alquilen es una buena medida.

Sin embargo, no está entre las medidas prioritarias del Partido Popular. La experiencia también te dice que tira de los precios para arriba. Nosotros, lejos de ser dogmáticos, nos gusta acudir a los expertos, escuchando a esos expertos se llega fácil a las conclusiones. 

El Gobierno ha anunciado esta semana que se abre a una reforma en la Ley de Propiedad Horizontal para controlar los pisos turísticos. ¿En qué línea están ustedes en este asunto?

El Gobierno lo que está intentando es señalar a las viviendas de uso turístico como culpables de la situación de estrangulamiento del mercado de la vivienda que hay en España. 

Y el único culpable es el Gobierno, que lleva seis años en la Moncloa y no es capaz de dar una sola solución siendo uno de los mayores tenedores del suelo a través del Sepes y siendo uno de los mayores propietarios de vivienda a través de la Sareb. Sólo se acuerda de la vivienda en campaña electoral, prometiendo 184.000 casas. 

Las viviendas de uso turístico tienen que ser enfocadas atendiendo a las singularidades de cada municipio. Nada tiene que ver las circunstancias de la vivienda de uso turístico en un municipio urbano a un municipio costero de playa.

La política del Partido Popular nunca es la intervención del mercado. Nuestra política es incrementar la oferta de vivienda, que sólo se puede hacer con nuevos desarrollos urbanísticos.

En muchas ocasiones, allá donde hay viviendas de uso turístico es donde se concentran viviendas de segunda residencia, y esas viviendas forman parte de la estructura del turismo de playa.

Por lo tanto, hay que diferenciar muy bien aquellos municipios que tienen un entorno exclusivamente urbano de aquellos donde la vivienda de uso turístico forma parte de la estructura de la oferta turística de la zona. Si el Gobierno lo que pretende hacer es una tabla rasa, nosotros estaremos en contra.

Hay que atender las singularidades de cada municipio, incluso dentro del mismo municipio. Nada tiene que ver lo que se produce en un distrito muy céntrico, a un distrito más periférico, donde puede ser muy necesario y muy oportuno que se abran pisos turísticos.

En materia de okupación ustedes proponen desalojos exprés en 24/48 horas. ¿Por qué cree que no existe un consenso parlamentario para sacar esta medida adelante?

Se debe al dogmatismo ideológico del Gobierno, que lo que ha hecho ha sido tolerar y favorecer la inquiokupación en la Ley de Vivienda. Y eso lo que está haciendo es provocar una huida de los pisos de alquiler a otros modelos, ya sea de temporada o turístico.

Pero no es que lo digamos nosotros, es que lo ha dicho el Banco de España en su informe. Los efectos tan perjudiciales de la Ley de Vivienda están provocando esa huida. 

Ser tolerante con la okupación tiene un perjuicio enorme. Primero, se están produciendo al año en España 17.000 delitos y faltas relacionados con la ocupación. Eso, en un Estado democrático avanzado no tiene cabida. 

Además, no solo se está generando un deterioro de la convivencia vecinal, sino que se está incrementando la inseguridad ciudadana en la calle. Lejos de proteger a los vulnerables, se está perjudicando a las familias con menor poder adquisitivo, porque donde más okupaciones de viviendas se están produciendo es en barrios de rentas medias y bajas.

Por eso, desde el Partido Popular decimos no a la ocupación. Apoyamos a la propiedad privada y apoyamos a todos esos centenares de miles de familias que dedican los ahorros de toda una vida a comprar una vivienda para ponerla en alquiler y poder tener un complemento a su pensión.

Apoyamos todos esos propietarios que de buena fe quieren poner su piso en alquiler y ven cómo el Gobierno tolera más al que está dispuesto a saltarse la ley que a los que han hecho el esfuerzo de comprar un piso.