El último fraude inmobiliario en Barcelona: cobrar 10 euros a los inquilinos por una visita al piso que quieren alquilar

La decisión, que ha causado sorpresa e indignación entre el sector, trascendió esta semana a través de las redes sociales a raíz del comentario de una usuaria. 

Tal y como explica a EL ESPAÑOL-Invertia, Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices de Administración de Fincas y Alquileres, esta decisión es contraria a la normativa vigente. En concreto, va en contra de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que se reformó en el momento de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda. 

En este sentido, la norma es clara: los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato van a cargo del arrendador. Y enseñar un piso, como detalla Blanco, forma parte de los mismos. 

"Nosotros no cobramos por visita. Una vez que nos encargan el alquiler de un inmueble, realizamos las visitas con nuestros clientes demandantes en ese momento y sin repercutir ningún extra. Entendemos que los gastos derivados de estas visitas no pueden trasladar en el cliente, la Ley es clara tras la reforma que se aprobó en el año 2022", explica. 

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Blanco, quien también forma parte del comité asesor jurídico del Colegio de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) de Cataluña, recuerda de igual modo la importancia de contar siempre para este tipo de transacciones con un agente de la propiedad industrial (API) que esté debidamente cualificado y colegiado. 

"Aunque se trate de un caso puntual, siempre recomiendo a mis clientes que se aseguren de que la persona que están escogiendo es alguien que de verdad está formado. Los agentes inmobiliarios, entre otras obligaciones, deben contar con un seguro de responsabilidad civil. Cuando uno no está colegiado es cuando pueden ocurrir esta serie de cosas", añade.

Zona tensionada 

Cataluña es la única región de España que aplica todos los preceptos incluidos en la Ley de Vivienda. Esto incluye, desde el pasado 15 de abril, la aplicación de las zonas tensionadas para controlar el precio del alquiler. De esta manera, el Gobierno de la Generalitat tiene potestad para establecer, en casos muy concretos, un límite máximo al precio de los alquileres. 

Según detallan los principales centros de estudio y portales inmobiliarios, la aplicación en su totalidad de la Ley de Vivienda -de marcado carácter intervencionista- ha terminado por provocar una importante escasez de oferta en el mercado, coyuntura que a la postre ha generado que se den este tipo de situaciones. 

"El mercado del alquiler en Barcelona necesita medidas urgentes tanto del sector público como privado para mejorar la situación actual y propiciar un ambiente más justo y accesible para todos los interesados en conseguir un hogar en la ciudad, este tipo de situaciones se dan debido a la escasa seguridad jurídica que aporta esta Ley, debemos garantizar un marco oportuno para que el mercado se estabilice", señala la experta.

Desde que se aprobase la norma, Barcelona se ha convertido en uno de los epicentros del terremoto inmobiliario español. El esfuerzo para poder alquilar -esto es el porcentaje de ingresos que se destina al pago del alquiler- supera el 30% del ingreso de las familias y el precio no parece que vaya a dejar de subir en el corto plazo.