Las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez (i); Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (c), y Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.
El Gobierno creará una plataforma para perseguir el "fraude" en los pisos turísticos y con el alquiler de temporada
También afectará al alquiler por habitaciones.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado este martes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno va a desarrollar una plataforma que permita perseguir el "fraude" existente en España dentro del sector de los pisos turísticos y del alquiler de temporada.
En este sentido, la titular ha precisado que, de ahora en adelante, todos los pisos turísticos, con alquileres de temporada y por habitaciones que se firmen en España deberán contar con una matrícula de identificación que verifique que cumplen con la normativa vigente.
En caso de no contar con esta numeración -que se otorga desde el Registro de la Propiedad- las viviendas no podrán anunciarse en plataformas como Idealista o Fotocasa.
"No se podrán ofertar viviendas sin contar con esta matrícula. De este modo, vamos a poder certificar que los pisos turísticos cumplen, no sólo con la normativa a nivel estatal, sino también con las disposiciones autonómicas y municipales que se van incorporando. Incluso, podremos saber si se encuentran en una comunidad de propietarios que los ha vetado", ha explicado Rodríguez.
La ministra también ha precisado que esta norma tiene como base el reglamento que la Unión Europea aprobó hace unos años y que el Ministerio ha tratado de trasponer lo antes posible. El pasado mes de junio, la propia ministra anunció que pretendían tenerlo listo antes de final de año. España será el primer país del entorno comunitario que aplique esta normativa, según ha añadido.
Alquiler de temporada.
Los alquileres de temporada son aquellos que no se destinan a satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino que sirven al alojamiento durante un periodo de tiempo muy concreto (por lo general, inferior al año). Se rigen por la voluntad de las partes, la Ley de Arrendamientos Urbanos y el Código Civil.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la reciente Ley de Vivienda, por lo que no se ven afectados, entre otros aspectos, por las limitaciones en las actualizaciones de la renta o las prórrogas extraordinarias del contrato.
Esto ha provocado que su impacto haya sido mayor en los grandes mercados y, sobre todo, en aquellos en los que los gestores públicos han anunciado su interés por aplicar un efectivo control de precios (particularmente, en las llamadas zonas tensionadas). Es decir, miles de propietarios se han cambiado del alquiler tradicional al de temporada para sortear la ley. El Gobierno ya ha dado pasos para regular esta situación.
En paralelo a este anuncio, el Gobierno también ha explicado que este martes se ha aprobado una nueva partida de 200 millones para una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, una ayuda de 250 euros que los jóvenes pueden solicitar para el pago de su alquiler.
Estos deben cumplir con una serie de requisitos, como es que el precio del piso no esté por encima de los 600 euros o de 300 en caso de una habitación, aunque el límite se puede incrementar hasta los 750 y 450 euros respectivamente.
La medida se llevará a cabo por tercer año consecutivo a pesar de la división en el seno del Gobierno, en tanto que Sumar ha instado al ala socialista del Ejecutivo a tomar medidas adicionales.
La posición de los de Yolanda Díaz se ve reforzada por la opinión, también contraria, de socios del Gobierno, como ERC. Desde ambas formaciones consideran que no es una medida efectiva para reducir el precio de los alquileres. El Partido Popular también se ha desmarcado de esta ayuda.
