UGT demanda a España ante el Consejo de Europa: exige que el acceso a la vivienda sea considerado un derecho

"Esta demanda es una demanda contra el Reino de España y, por tanto, es una demanda que implica a todas y cada una de las administraciones competentes en esta materia, que no es sólo el Gobierno del Estado, sino que fundamentalmente lo son las comunidades autónomas y lo son los ayuntamientos", ha explicado Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en rueda de prensa.

El líder ugetista ha subrayado que, en la medida en que la Carta Social Europea mantiene el derecho a la vivienda como un derecho propio de los ciudadanos, UGT pretende con esta reclamación que se pueda ejercer el derecho a la vivienda ante las Administraciones públicas españolas competentes.

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Cabe recordar que la Constitución Española ya recoge el derecho a la vivienda en su artículo 47: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho".

Sin embargo, Fernando Luján, vicesecretario general del sindicato, ha señalado que ese artículo constitucional "no ha sido un derecho que se haya podido ejercitar, sino que se ha convertido en un principio rector de la política económica y social". Así, con la reclamación quieren "cambiar el paradigma del derecho a la vivienda en nuestro país para que deje de ser política de vivienda y se convierta en un derecho a la vivienda".

Europa Press.

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En este sentido, Luján ha señalado que si la reclamación prospera, el derecho a la vivienda "será un derecho que se podrá implorar, que se podrá pedir ante los tribunales en el momento en que cualquiera de las Administraciones públicas niegue a las personas este derecho".

Asimismo, el sindicalista ha criticado que la Ley de Vivienda "no tiene mandatos imperativos", pues se utilizan demasiados verbos como "favorecer, impulsar, fomentar, contribuir o, sobre todo, podrán".

"No hay nada imperativo, se están marcando principios que podrán ejercitarse o no, pero desde luego que no llevan aparejados el ejercicio efectivo de un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda", ha denunciado.

Más allá de esta reclamación, Pepe Álvarez ha argumentado que España necesita "más acuerdo entre las administraciones competentes y menos debate" sobre cosas que no llevan realmente al fondo del problema de la vivienda.