Pese a esta subida es bastante probable que el bloque mayoritario que ha venido legislando la última década, formado por el Partido Popular Europeo (EPP), el grupo de socialistas y demócratas (S&D) y el grupo liberal Renew Europe (RE) continúe ocupando la centralidad de la Eurocámara y marcando la dirección de la actividad política y legislativa del Parlamento Europeo. 

Habiendo dicho esto, si el centroderecha y la derecha extrema y populista obtienen un resultado excepcional se abrirían nuevas posibilidades en las que el EPP podría elegir qué mayorías articular: a su izquierda con S&D and RE, o a su derecha con los conservadores reformistas Europeos (ECR), liderados por Fratelli di Italia de Giorgia Meloni y el grupo Identidad y Democracia (ID) bajo el ascendiente de Rassemblement National de Marine Le Pen. 

El acercamiento de Le Pen a Meloni y la posible creación de un único grupo político de derecha extrema y populista que fusione ECR e ID tras las elecciones son una de las mayores incógnitas en Bruselas en estas semanas de campaña. Los eurodiputados de ID han estado siempre al otro lado del cordón sanitario, en particular por sus abiertas simpatías prorrusas y por su posición anti-EU que les ha llevado a no participar de manera sistemática en los procedimientos legislativos de la Unión. La reciente expulsión de ID del partido ultraderechista xenófobo Alternativa por Alemania apunta hacia una fuerte envolvente hacia ECR.  

Estas cuestiones de aritmética parlamentaria no son menores pues en contra del muy caduco mito del cementerio de elefantes el Parlamento Europeo ha venido progresivamente ganando peso específico en la toma de decisiones en la Unión Europea. 

El acercamiento de Le Pen a Meloni y la posible creación de un único grupo político de derecha extrema y populista que fusione ECR e ID tras las elecciones son una de las mayores incógnitas en Bruselas en estas semanas de campaña

Primero, el voto favorable del Parlamento Europeo es necesario para el nombramiento de la Comisión, incluyendo audiencias parlamentarias para cada Comisarios Europeo. Si Ursula von der Leyen pretende repetir deberá pelear por un voto favorable y para ello articular unas prioridades estratégicas para su segundo mandato que convenzan a una mayoría dispar de grupos políticos supranacionales. Desde el veto al candidato italiano a Comisario Europeo Rocco Buttiglione hace ahora 20 años el Parlamento Europeo no ha perdido ocasión de mostrar músculo en cada formación de la Comisión, incluyendo el sonado rechazo a los candidatos a Comisario de Rumania, Hungría y Francia en 2019. 

Segundo y mucho más importante, más allá de esta labor decisiva en la formación de la Comisión, el Parlamento interviene como colegislador junto al Consejo en la aprobación de la inmensa mayoría de la legislación europea y la actividad regulatoria en la legislatura 2024-2029 va a ser particularmente relevante en tanto que también se anticipa un cambio fundamental en el sentido de las políticas y la legislación que vendrán de Bruselas. 

La subida de las derechas combinada con la influencia de los informes de Letta y Draghi y la volátil situación geopolítica, marcada por las tensiones EEUU-China y las guerras en Ucrania y Gaza, sentarán las bases de un giro, tras esta legislatura saliente marcada por el Pacto Verde Europeo, hacia una legislación más centrada en los intereses empresariales con foco en la autonomía estratégica, la seguridad económica y la promoción de la competitividad como base para una ansiada reindustrialización europea. 

En este contexto la empresa española no puede quedarse atrás a la hora de defender sus intereses en los grandes procesos de definición política y normativa que se desarrollarán en el periodo 2024-2029. Una presencia estratégica en Bruselas es más que nunca necesaria para anticiparse a la agenda legislativa europea y transmitir las preferencias regulatorias del sector privado. Nos esperan grandes batallas legislativas en áreas fundamentales como defensa, agricultura, salud, sostenibilidad, clima y energía, entre otras, con nuevas iniciativas para promover la competitividad y múltiples revisiones de leyes europeas dentro del Pacto Verde.

Las empresas que no participen activamente en la toma de decisiones en la Unión Europea estarán en una clara desventaja con respecto a sus homólogas en otros estados Miembros o a sus competidoras con presencia en Bruselas. Esta desventaja se traducirá en un perjuicio económico cuantificable a sus modelos de negocio en el mejor escenario posible, pues estamos en una tesitura en la que industrias y sectores enteros se juegan su propia existencia. 

*** Ángel Álvarez Alberdi es el director de la oficina de LLYC en Bruselas.