La urgencia climática requiere medidas efectivas y que esa efectividad se concrete cuanto antes. A pesar de que aún quedan seis años, los objetivos de la Agenda 2030 parecen inalcanzables, de ahí que el foco se ponga ya en la Agenda 2050. No obstante, si no reaccionamos rápido, esa fecha también quedará como otra efeméride del quiero y no puedo en el que a veces parece sumida la transición energética y ecológica que necesitamos.

En clave nacional, España tiene en las energías renovables una oportunidad única para acelerar y optimizar sus objetivos de descarbonización. Una prueba de ello es el sector fotovoltaico que, a pesar de las dificultades que ha atravesado recientemente, vive una constante expansión debido a esa necesidad de energías más sostenibles tanto en lo medioambiental como en lo económico. No obstante, para que ese avance continúe, resulta imprescindible la colaboración público-privada, la implicación de las distintas administraciones y que de esa implicación salgan soluciones para solventar las trabas regulatorias que atenazan la flexibilidad del sector.

Uno de los grandes desafíos a nivel de regulación radica en mitigar la complejidad y lentitud de los distintos procesos administrativos, trámites que padecen demoras de entre 12 y 18 meses. En este contexto de emergencia climática, y con un sector con tanto potencial para solucionarla como es el fotovoltaico, más del 30% de los proyectos se retrasan debido a esa inconcreción burocrática, según datos de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA). Esta demora afecta tanto a la planificación como al desarrollo de cada uno de los casos, desincentivando a los inversores que buscan mercados con procesos más ágiles y predecibles. En este escenario, resulta imprescindible interiorizar que regular bien es esencial para descarbonizar mejor.

Mejoras en la red

Otra asignatura pendiente viene de las limitaciones que presenta la red eléctrica española para absorber nueva generación fotovoltaica, especialmente en áreas donde la infraestructura está saturada. Red Eléctrica de España (REE) informó que, hasta 2022, el 80% de las solicitudes de conexión a la red estaban pendientes de resolución. La falta de capacidad de la red puede causar retrasos y, en algunos casos, la imposibilidad de conectar nuevas instalaciones fotovoltaicas, limitando así el crecimiento del sector y poniendo palos a la rueda de un futuro que no sólo es deseable, sino también imprescindible.

Si la red mejora tanto como necesita, el sector del autoconsumo podrá comercializar los excedentes en proyectos donde el cliente no consume los fines de semana o de cara al verano. El acceso a la red también es muy importante en el caso de los proyectos de autoconsumo colectivo, donde se debería ampliar el radio de 500 metros en terreno y de 2 kilómetros en cubierta a los estándares de nuestros vecinos, entre los 5 y los 20 kilómetros.

A pesar de la eliminación del "impuesto al sol" en 2018 mediante el Real Decreto-ley 15/2018, la constante modificación de las normativas ha generado una incertidumbre considerable entre los inversores y desarrolladores de proyectos.

Para hablar del presente, y de la proyección que las medidas pendientes puedan tener en el futuro, es bueno hacer un repaso de lo que ha sucedido en el pasado. El marco regulatorio para la energía fotovoltaica en España ha experimentado numerosos cambios en los últimos años. A pesar de la eliminación del "impuesto al sol" en 2018 mediante el Real Decreto-ley 15/2018, la constante modificación de las normativas ha generado una incertidumbre considerable entre los inversores y desarrolladores de proyectos. Esta falta de estabilidad regulatoria dificulta la planificación a largo plazo y puede convertirse en otra rémora importante para la solidez del sector.

Diseño e implementación de subastas

Por otro lado, el diseño y la implementación de subastas para la asignación de capacidad de generación y los incentivos económicos son cruciales para el desarrollo del sector fotovoltaico. Un diseño ineficaz de las subastas o la falta de incentivos adecuados puede limitar la competitividad y el desarrollo de nuevos proyectos.

Inversión y financiación

El acceso a una financiación adecuada es crucial para el desarrollo de proyectos fotovoltaicos. En 2021, el sector atrajo inversiones por valor de 2.000 millones de euros, pero la mayoría de los pequeños desarrolladores aún enfrentan dificultades para acceder a financiación bancaria, lo que puede limitar la capacidad de expansión de nuevas instalaciones.

No cabe duda de que nos enfrentamos a un contexto con múltiples retos; sin embargo, de ese tipo de escenarios pueden salir grandes oportunidades. Trabajar con el foco puesto en la innovación y la mejora continua del sector, en la búsqueda constante de nuevas oportunidades y perseverar en la diferenciación a través de la excelencia en el servicio es lo que hará que la actividad fotovoltaica se reafirme como un ámbito esencial para impulsar el proceso de descarbonización. Para llegar ahí, resultan perentorias la colaboración público-privada y una regulación coherente que se centre en permitir y no en detener. Eso y convencernos de que hay que regular bien para descarbonizar mejor.

**Lorenzo Font, director de autoconsumo de Ekhi