El pasado miércoles 3 de julio, tuve el honor de ser invitada por CEPYME a participar en uno de los paneles del acto posterior a la Asamblea anual de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Fue un placer compartir escenario con José Carlos Díez y con Silvia Jato, encargada de dirigir la conversación, que tal vez se hizo muy corta, para la envergadura del tema del que se trataba: la libertad de empresa. Ese era el lema del encuentro y la inspiración del manifiesto que CEPYME ha presentado, en un acto de valentía.

¿Por qué es importante que haya libertad de empresa? Se conoce como libre empresa a una economía en la que el mercado determina los precios, los productos y los servicios en lugar del Gobierno. La libre empresa se refiere a las actividades empresariales que no están reguladas por el Gobierno, sino que se definen por un conjunto de normas legales como los derechos de propiedad, los contratos y las licitaciones competitivas. El argumento a favor de la libre empresa descansa en la creencia, defendida por múltiples economistas de reconocido prestigio, de que la interferencia del gobierno en los negocios y la economía obstaculiza el crecimiento.

Es cierto que hay otros economistas igualmente reconocidos que abogan por una intervención suave o cierta supervisión estatal. Y luego están los economistas y políticos que defienden la propiedad pública de los medios de producción y la dirección centralizada de la inversión, algunos de los cuales están en el Gobierno. Por hablar claro: son marxistas. Porque, aunque la marxista se vista de Prada, marxista se queda.

Un sistema jurídico de libre empresa es una de las características del capitalismo que pretende aumentar la libertad, la eficiencia del mercado, los derechos de los consumidores, la seguridad y estabilidad financiera y las oportunidades económicas. 

Contrariamente a lo que algunos propagandistas del fango repiten sin cesar, la libre empresa no es sinónimo de “la ley de la jungla”, ni “la ley de la selva”. Porque para que exista libertad tiene que haber responsabilidad y es un requisito ineludible cumplir las leyes mercantiles, los contratos y la libre competencia, que implica no coludir con otras empresas, ni con el Estado, para perjuicio del consumidor, que es soberano.

La libre empresa no es sinónimo de “la ley de la jungla”

Y si lo pensamos un poco, la máxima de que la soberanía de nuestra nación reside en el pueblo, se manifiesta más que nunca es esta proclama de la soberanía el consumidor. Los consumidores de los países donde se ha intentado no ya el comunismo, sino el socialismo más o menos exacerbado, han visto reducir el poder adquisitivo y la satisfacción de los consumidores.

De ahí que se esfuercen en poner la pantalla de “economías mixtas” o “socialismo de mercado”, que es un oxímoron, para denominar las economías que se presuponen capitalistas, y por tanto, basadas en la propiedad privada y la libre empresa, pero que están asfixiadas por las regulaciones a paladas y las trabas administrativas. Y eso es lo que denuncia CEPYME en su manifiesto: las empresas lo tienen cada vez más difícil. Tenemos un serio problema de productividad y e inversión. El mercado laboral es demasiado rígido y los incentivos de las empresas han sido alterados de manera que las empresas no pueden cumplir con lo que es su esencia y cometido: crecer, lucrarse y ser referentes para la sociedad.

No pueden crecer porque fiscalmente es una ruina, de manera que la innovación no siempre les conviene y se tienen que centrar en simplemente sobrevivir. No está bien visto lucrarse, un hecho que las diferencia de las ONG, pero que está penalizado en nuestra sociedad.

Además, se penaliza el ahorro y la inversión, pero se ofrecen “ayudas” que no son sino manzanas envenenadas que llevan, a menudo, a la dependencia de la concesión de la ayuda, y que, en última instancia, son utilizadas para comprar voluntades de esos empresarios. El empresariado español no es un referente.

A pesar de crear más e la mitad del empleo y de representar más del 95% del tejido empresarial, las PYMES son sospechosas de todo, por definición. No deja de ser paradójico que suceda esto en un país con la corrupción política que tenemos. 

El mercado laboral es demasiado rígido y los incentivos de las empresas han sido alterados de manera que las empresas no pueden cumplir con lo que es su esencia

Argumentaba mi compañero de panel que, al fin y al cabo, las empresas españolas no están tan mal porque tenemos Estado de derecho. Ojalá pudiera estar de acuerdo. Sin embargo, la cadena de noticias al respecto en los últimos meses con un Tribunal como el Constitucional, que no está compuesto por magistrados, enmendándole la plana al Tribunal Superior y a la Audiencia Nacional, exonerando a golpistas, a corruptos condenados con sentencia firme, etc., me impiden coincidir con José Carlos. 

¿Para qué necesitan las pequeñas y medianas empresas la libertad? Para crecer, para crear valor, para ofrecer puestos de trabajo a nuestros jóvenes, para innovar y dar salida al talento científico y tecnológico que tenemos en España. Es necesario que los empresarios tengan “señales” realistas, y me refiero a los precios, que, cuando son intervenidos llevan a elecciones empresariales distorsionadas.

Es imprescindible que haya estabilidad política, reglas del juego que no se cambien arbitrariamente a mitad de partido, y, sin duda, gobiernos que no hackeen el ámbito de la empresa fingiendo competir, pero abusando de su poder, no por el bien del pueblo, sino por intereses partidistas. Porque ya hemos visto que quien sí busca el bien del pueblo, es decir, de los consumidores soberanos, es el sistema de libre competencia, que permite el lucro empresarial y el bienestar ciudadano.