Desde el inicio de la pandemia de la Covid-19, hemos sido testigos de cómo el diálogo social ha sido crucial para enfrentar los retos más difíciles de nuestra historia reciente. Fue ese mismo espíritu de concertación el que permitió a España proteger a millones de trabajadoras y trabajadores durante la crisis sanitaria, salvaguardando empleos y apoyando a las empresas en sus momentos más críticos. Ahora, en un contexto de recuperación, este nuevo acuerdo en pensiones es una muestra más de cómo el dialogo social puede ayudar a construir una sociedad mucho más justa.

El equilibrio de esta reforma se consigue mediante dos enfoques complementarios. En primer lugar, introduce mejoras clave en la flexibilidad de la jubilación, permitiendo que las personas trabajadoras, si así lo desean, puedan prolongar su vida laboral flexibilizando tanto la jubilación demorada como la activa. En cuanto a la jubilación demorada, se incrementan los incentivos- un 2% semestral- para aquellos trabajadores que opten por retrasar su jubilación. Para la jubilación activa, se amplían las posibilidades para poder compatibilizar la percepción de la pensión con la continuación del trabajo.

En el otro lado, se reconoce el derecho de quienes han realizado trabajos especialmente penosos o insalubres a jubilarse antes mediante la aplicación a determinadas actividades de coeficientes reductores de la edad de jubilación. Estas profesiones, que implican un desgaste físico y mental significativo y que se determinaran por parámetros objetivos, merecen un tratamiento diferenciado que reconozca las duras condiciones a las que están sometidos las personas que prestan servicios en estos sectores, en los que no se debería perder la perspectiva de género.

Se apuntala la jubilación parcial mediante un nuevo marco regulador que permite su acceso hasta tres años - cuatro en el sector manufacturero- antes de la edad ordinaria de jubilación, con condiciones mejoradas para el contrato de relevo. La contratación del relevista será indefinida a tiempo completo, y deberá mantenerse durante al menos dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial. Esta medida, que rejuvenece las plantillas y mejora la productividad, facilita la transición a la jubilación y asegura la estabilidad laboral a las nuevas contrataciones, a las que también podrán optar los fijos discontinuos que se encuentren en la empresa.

La contratación del relevista será indefinida a tiempo completo, y deberá mantenerse durante al menos dos años posteriores a la extinción de la jubilación parcial

Este pacto también destaca por su enfoque en la mejora de la salud laboral. De acuerdo a lo establecido en el V AENC, en los exclusivos supuestos de bajas de origen traumático, la Mutua colaboradora de la Seguridad Social podrá realizar pruebas diagnósticas y tratamientos rehabilitadores. Al permitir este apoyo, debido a las listas de espera que acumulan los servicios públicos de salud, se pretende acelerar la recuperación de las y los trabajadores, garantizando al mismo tiempo que el control- bajas y partes de confirmación- y la decisión final -alta- permanezcan en manos del médico de cabecera. En todo caso, la persona trabajadora tendrá la posibilidad de interrumpir la asistencia de la Mutua en cualquier momento, reintegrando toda la asistencia del paciente a la Sanidad Pública.

Este acuerdo mejora las condiciones de vida de quienes hoy están en activo y de quienes se jubilarán en el futuro. Por eso, se alinea con el mandato que nos viene de Europa, que en el informe de la Comisión de abril de este 2024, “Pension Adequacy Report”, ha subrayado la relevancia de garantizar la suficiencia de las pensiones públicas, señalando que unas prestaciones adecuadas son cruciales para prevenir la pobreza y asegurar un nivel de vida digno en la vejez.

El éxito de este pacto es un recordatorio que demuestra que es posible superar la enquistada conflictividad y los elevados índices de crispación que lastran las enormes capacidades que tenemos como ciudadanos y como país. Este acuerdo es una inversión en el futuro de España, en su cohesión social y en su capacidad para enfrentar el futuro del Sistema Público de Seguridad Social con fortaleza y confianza.

El dialogo social sigue demostrando ser una vía eficaz para mejorar la vida de las personas trabajadoras, reforzar la competitividad de las empresas y consolidar nuestra economía. Este pacto nos debe de servir de faro para alcanzar el consenso en las próximas negociaciones, como son la reducción de la jornada laboral o la acomodación del régimen del despido a nuestros compromisos internacionales. Con este compromiso, avanzamos hacia un modelo de país donde la justicia social, el bienestar y la prosperidad van de la mano, asegurando que nadie quede atrás en el camino.

*** Pepe Álvarez Suárez es secretario general UGT.