Ciclo combinado de gas.
La pobreza energética en nuestro país sigue en aumento y ya afecta al menos a uno de cada cinco hogares. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2023), el 21% de la población se encuentra en esta situación, duplicando la media europea del 10,6% (Eurostat, 2023).
Aunque este problema afecta especialmente a quienes no pueden pagar las facturas de luz o gas, Greenpeace ha mostrado con cámaras térmicas que hay un empobrecimiento energético generalizado que afecta a una gran mayoría de las viviendas, que pierden energía a raudales por un deficiente aislamiento, por lo que tienen que pagar mucho más de lo que deberían por mantener la temperatura de su hogar, aunque no lo sepan.
El problema es cada vez mayor, puesto que el gas que emplean las calefacciones y las centrales térmicas para generar electricidad continúa subiendo de precio (un 61,7% en el último año, que elevó un 54% el precio de la electricidad a diciembre 2024 respecto al mismo mes del año anterior y un 30% a enero de 2025).
El mercado de capacidad puede ser una oportunidad para consolidar la transición y abrir camino a las soluciones energéticas que necesita la ciudadanía.
La mejor forma de luchar contra este empobrecimiento generalizado es exigir la mejora del aislamiento de nuestras casas y sustituir el gas por soluciones renovables y eficientes que ahorran dinero, nos protegen mejor del frío y nos ayudan a luchar contra el cambio climático. Hay que ayudar a quienes sufren el problema, no a quienes lo causan.
El Gobierno debe dejar de financiar a los combustibles fósiles que causan esta crisis social y ambiental y poner el dinero al servicio de las soluciones que benefician a todas las personas. Sin embargo, lo que realmente está preparando es un plan encubierto de rescate al gas. Así lo ha señalado Greenpeace en sus alegaciones a la consulta pública sobre el proyecto de Orden por la que se crea un mercado de capacidad en el sistema eléctrico peninsular español.
El problema está en la premisa de partida: a pesar de que Greenpeace ya demostró hace dos décadas la viabilidad de disponer de un sistema eléctrico con energía 100% renovable con estabilidad 24/7 integrando almacenamiento y demanda gestionable, el Gobierno parte de la errónea creencia de que el gas es un complemento necesario y trata de establecer un sistema de apoyo que mantenga a flote el inviable negocio de las centrales de gas.
Pero, ¿por cuánto tiempo? ¿Porque cuál es su intención: salvar el gas o acabar con el gas? ¿Existe el objetivo de reducir el consumo de gas hasta eliminarlo en el sistema energético español?
Siguen faltando medidas y un plan claro de retirada del gas fósil, para garantizar que a partir de 2030 las centrales de gas dejen de participar en el mercado eléctrico.
Cuando apenas han pasado cuatro meses de la dramática DANA que asoló Valencia y Letur, no es admisible que se siga destinando dinero de los consumidores para mantener la vida de instalaciones fósiles sin contar siquiera con señales claras, a medio plazo y vinculantes, para poner fin a los combustibles fósiles que causan el cambio climático.
El mercado eléctrico necesita flexibilidad en su transición hacia un sistema renovable, para asegurar que hay electricidad disponible en los momentos en que ni sol ni viento sean suficientes. Pero esta reforma debe acomodar no solo los intereses económicos de cada uno de los actores energéticos, sino que también se tienen que incorporar los ambientales y sociales. Precisamente el hecho de que hasta ahora las señales de todos los mercados energéticos no hayan incluido los impactos negativos de la quema de combustibles fósiles sobre las personas y el planeta ha provocado que la sociedad siga dependiendo de ellos lo que, a su vez, ha generado la crisis climática y de precios actual.
La actual propuesta de mercado de capacidad no parece haber aprendido de iniciativas similares realizadas en otros países de nuestro entorno, que, desde 2015, han tenido resultados contrarios a la transición energética.
Un informe de Aurora Energy Research sobre los Mercados de Capacidad en Europa señala que el 60% de los contratos del mercado de capacidad celebrados hasta la fecha en seis países europeos se han concedido a operadores de centrales fósiles, y sólo una quinta parte de los pagos a soluciones de flexibilidad.
La mejor forma de luchar contra la pobreza energética generalizada es exigir la mejora del aislamiento de nuestras casas
Esta tendencia es la que hay que revertir y, si bien es cierto que la propuesta presentada por el Gobierno de España refleja que las nuevas inversiones adjudicatarias sólo puedan ser renovables o de almacenamiento, al mismo tiempo permite sin límite de tiempo la inclusión de la totalidad de capacidad de generación existente con gas tanto de centrales de ciclo combinado como de centrales de cogeneración industrial e incluso de incineración de residuos. Para resolverlo, Greenpeace propone reducir gradualmente el tope de CO2 y otros gases de efecto invernadero para las tecnologías que pueden participar en los mecanismos de capacidad, hasta alcanzar cero gCO2eq/kWh antes de 2030.
Lo que sí es positivo de la propuesta es que ninguna inversión en nuevas plantas de gas pueda beneficiarse de los mecanismos ya que, como muestra la experiencia europea, los mercados de capacidad que no lo han indicado con claridad no han mandado las señales de inversión adecuadas para cumplir con los objetivos climáticos europeos.
Sin embargo, siguen faltando medidas y un plan claro de retirada del gas fósil, para garantizar que a partir de 2030 las centrales de gas dejen de participar en el mercado eléctrico (no solo en los mercados de capacidad). Unas señales a medio plazo darán previsibilidad y un marco más seguro para incentivar la creación de opciones de flexibilidad limpias.
Otro elemento positivo es la inclusión de la participación de grandes y pequeños consumidores agregados para que puedan dejar de consumir de manera proactiva, cuando el sistema lo requiera, a cambio de una compensación económica, es decir, la gestión activa de la demanda como parte de los sistemas que otorgan firmeza y flexibilidad al sistema.
El mercado eléctrico necesita flexibilidad en su transición hacia un sistema renovable, para asegurar que hay electricidad disponible en los momentos en que ni sol ni viento sean suficientes.
La respuesta coordinada de demanda agregada es fundamental para tener un sistema óptimo, eficiente y renovable. Que el mercado eléctrico reconozca el derecho de todos los consumidores a ser sujeto agente a la hora de usar, intercambiar y almacenar una energía, así como a ver reconocida la valía de su participación en el sistema eléctrico, es esencial.
Para ello, es necesario asegurar un panorama estable y de confianza para que las personas se unan a servicios de agregación de demanda minimizando su exposición a los riesgos de participación y reconociendo los beneficios de los recursos de flexibilidad. Las medidas del lado de la demanda (incluidos el ahorro energético y la flexibilidad, como, por ejemplo, el almacenamiento) deben valorarse como recursos con el mismo peso que los de generación e incentivarse para reducir los picos de demanda y sustituir el papel "marginal", pero muy costoso, del gas fósil.
Así los consumidores pueden controlar sus facturas eléctricas, beneficiándose totalmente del efecto de abaratamiento de la electricidad que tiene el aumento de la generación renovable.
También es muy positiva la introducción del "umbral de flexibilidad" para impedir que soluciones no flexibles, como la energía nuclear, puedan participar en los mercados de capacidad. La financiación adicional de tecnologías que solo aportan firmeza no flexible restaría credibilidad ambiental y tecnológica así como eficiencia económica a esta medida en el marco de la transición hacia un sistema energético eficiente, suficiente, justo y 100% renovable.
El mercado de capacidad puede ser una oportunidad para consolidar la transición y abrir camino a las soluciones energéticas que necesita la ciudadanía. No permitamos que se convierta en un rescate al gas.
*** José Luis García Ortega, responsable del Área de Clima, Energía y Movilidad de Greenpeace
