Con independencia de si recurre al Supremo el varapalo a las zonas de bajas emisiones, el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida trabajará en paralelo en una nueva ordenanza de movilidad. Así lo ha confirmado el propio alcalde un día después de que el TSJM anunciase la anulación de las ZBE tras una denuncia de Vox. "Sería una irresponsabilidad dejar a Madrid sin ordenanza de movilidad sostenible", ha defendido el primer edil, tras la firma de un convenio de colaboración entre el Consistorio y el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

La capital española conoció la zona de bajas emisiones en tiempos de Manuela Carmena, que instauró su conocido Madrid Central en 2018. Después de que la Justicia se lo tumbase -tras una denuncia del PP-, el ya alcalde Almeida aplicó su estrategia de sostenibilidad ambiental, Madrid 360, que desarrolló un sistema de bajas emisiones más amplio. Tanto, que a fecha de hoy abarca a toda la ciudad.

A modo de resumen, la ZBE impide que los vehículos 'sin etiqueta' ambiental (diésel matriculados antes del 2006 o gasolinas previos al 2000) circular por la ciudad. El TSJM considera que el Gobierno municipal no acreditó adecuadamente el impacto económico de las zonas de bajas emisiones.

En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo sostiene que el Consistorio no valoró que estas restricciones afectan a los ciudadanos con rentas más bajas que tienen difícil comprarse un coche nuevo. Lo mismo ocurre -según la resolución- con colectivos empresariales más frágiles, como los autónomos o las pymes.

El Ayuntamiento tiene hasta el 23 de octubre para recurrir el pronunciamiento ante el Supremo. Mientras tanto, la ZBE sigue en pie y las sanciones, también. "Sobre las multas, ya en 2022 (con el varapalo a Madrid Central) los servicios jurídicos decían que los procedimientos sancionadores concluidos anteriores a sentencia firme son válidos y, por tanto, no hay procedimiento de devolución", ha subrayado el primer edil.

El popular ha anunciado que, tanto si se recurre como si no, se trabajará en una nueva ordenanza de movilidad "que dé cobertura a la situación actual de Madrid".

"Es un modelo que ha funcionado y que ha permitido reducir la contaminación. No se ha visto afectada la economía y ha mejorado la calidad de vida. No es el modelo de Vox, el de no hacer nada, ni el histérico de la izquierda", ha manifestado.

La decisión de elaborar un nuevo texto sin esperar al resultado judicial final recuerda a la estrategia seguida por Cibeles con las terrazas.

En abril, la Justicia madrileña anuló por cuestiones de forma la ordenanza de terrazas que el Ayuntamiento aprobó en 2022 y que permitía ampliar las terrazas 'Covid' de las bandas de aparcamiento. Ante tal decisión, Cibeles decidió hace unos meses trabajar a dos bandas: recurrir el fallo ante el Supremo y trabajar, a su vez, en la elaboración de una nueva regulación.