El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Ayuntamiento de Fuenlabrada adoptado este lunes, que revierte la cesión a la Comunidad de Madrid del inmueble situado en el Cerro de La Cantueña, donde el Ejecutivo autonómico está realizando obras para adecuarlo como espacio de recepción de menores migrantes.

Según defiende la Comunidad de Madrid en un comunicado, el inmueble tiene "titularidad" regional y por ello "no puede ser revertido por el Consistorio fuenlabreño, ya que no ostenta su propiedad".

Responde así el Ejecutivo autonómico al paso dado por el Gobierno local esta semana. La Junta de Gobierno acordaba resolver la cesión al entender que incumple el convenio de 21 de diciembre de 1999, donde se estipulaba su uso como un espacio de difusión ambiental y que "debía redundar en beneficio de los vecinos de Fuenlabrada".

Sucedía días más tarde que el Consejo de Gobierno aprobase 18,7 millones de euros para este centro de menores extranjeros que contará con 96 plazas y que ha sido un punto de choque constante con el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala (PSOE), quien se ha opuesto al mismo criticando el modelo y asegurando que se busca crear un "contenedor" de menores.

Este miércoles, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado en declaraciones recogidas en un comunicado, que el Ejecutivo autonómico tiene "el mandato legal" de atender a los menores extranjeros y que "la crisis migratoria y el caos del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar este asunto" tengan que "ampliar recursos" destinados a ello.

"Una vez más el alcalde de Fuenlabrada está demostrando una completa insolidaridad y una total incoherencia porque es el Gobierno socialista, el de Pedro Sánchez, el que está desplazando a los menores no acompañados hasta nuestra región y a los que tenemos que atender", ha proseguido, añadiendo que otros municipios como la capital, Pozuelo de Alarcón o Alcalá de Henares cuentan también con recursos para la atención a estos niños.

Es por ello que ha exigido al alcalde de Fuenlabrada que explique las "verdaderas razones" por las que "no quiere atender a los menores en su municipio" y "abandone toda actitud obstruccionista".

El acuerdo de Fuenlabrada

Por otro lado, Fuenlabrada sostiene que "incumple los usos previstos por el planeamiento urbanístico vigente". Los informes jurídicos del Ayuntamiento han rechazado las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, que no reconocía la titularidad municipal del centro, adjudicándola al Consorcio Urbanístico Cerro de La Cantueña.

Un consorcio que, según defiende el Consistorio, "no existe desde hace más de 20 años", remitiéndose para ello al portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
Dichos informes señalan "documentos y referencias expresas", defiende, del "reconocimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la titularidad municipal de dicho centro".

El Gobierno municipal insiste en que el proyecto de "macrocentro" para menores no acompañados "incumple tanto el convenio de cesión del espacio como las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de Servicios Sociales".

Por su parte, el alcalde Ayala, acusaba este lunes al Ejecutivo autonómico de "tratar de imponer este centro" en la ciudad "sin las condiciones adecuadas, en medio de la nada y sin un plan social que atienda correctamente a estos menores, propiciando su inclusión".

"Nosotros apostamos por el consenso con otros municipios para que haya un reparto razonable y que todos aportemos en la solución. Fuenlabrada será el primero en ser solidario", proponía Ayala, quien ha recordado que Fuenlabrada tiene un "amplio reconocimiento" en la Unión Europea y presencia en "numerosos foros internacionales" por su implementación de políticas de integración y diversidad.