La Audiencia Nacional ha condenado a siete años de cárcel al exvicepresidente y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, por la fallida Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre. 

El tribunal ha condenado a un total de cinco personas por el descontrol en la contratación del macroproyecto urbanístico y ha condenado a tres de ellos a pagar a la Comunidad de Madrid más de 40 millones de euros. 

Una sentencia que no ha gustado nada a la oposición de la Comunidad de Madrid que no ha tardado de exigir a Ayuso "explicaciones". 

Europa Press

Siete años de cárcel para el exconsejero Prada por la corrupción que "esquilmó" el Campus de la Justicia

Ha sido el secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, quien ha pedido a Esperanza Aguirre e Isabel Díaz Ayuso que pidan "perdón a la sociedad madrileña" por sepultar cientos de millones de euros de dinero público" para poner en marcha un "fallido parque temático del autobombo".

La Audiencia Nacional ha dictaminado siete años de cárcel para Prada por un delito "continuado" de prevaricación con concurso medial con delito continuado de malversación agravada. En total, se señalan 24 contratos por un total de 40 millones de euros, todos ellos licitados entre los años 2005 y 2011. 

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Además de al exvicepresidente, la sentencia también condena a cuatro empleados que formaron parte del equipo directivo del proyecto al considerarles cooperadores necesarios. Eso sí, para ellos la pena es de tres años y medio de empleados. 

Los trabajadores son Isabelino Baños (director general técnico) Alicio de las Heras (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).

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El exconsejero Prada, Baños, De Las Heras y Gómez Gordo están obligados a indemnizar conjuntamente a la Comunidad de Madrid con un contante de 40.482.735,78 euros. 

Pese a la condena, la Audiencia Nacional, en el auto conocido este martes, les absuelve del delito de fraude contra las Administraciones públicas que les atribuían las acusaciones ejercidas por el Ministerio Fiscal y la Comunidad de Madrid. 

El tribunal expresa que la malversación ocasionada en el proyecto es de "suma gravedad", puesto que basta considerar que el contrato suscrito con Foster & Partners y el abono a las empresas consultoras con las que trabajaba el estudio costó a las arcas públicas más de 13 millones de euros, a los que hay que añadir los costes de los otros 23 contratos enjuiciados, cuya suma alcanza los 40 millones de euros.