Isabel Díaz Ayuso frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol.

Isabel Díaz Ayuso frente a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol. Sara Fernández

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Ayuso intenta evitar que Sánchez identifique la histórica Casa de Correos como lugar de torturas del franquismo

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El pasado 24 de octubre, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática iniciaba los procedimientos para declarar como "Lugar de Memoria Democrática" el edificio de la Puerta del Sol, actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid. 

En su argumentario publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el ejecutivo de Pedro Sánchez alegaba que, durante el franquismo, la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se había convertido en las dependencias y calabozos de la Dirección General de Seguridad (DGS). 

La iniciativa no gustó nada al equipo de la presidenta madrileña ni al Partido Popular que, esta semana, inician todos los trámites para evitar dicho nombramiento. Desde el Ejecutivo regional aseguran que la Real Casa de Correos (el edificio frente al kilómetro 0 cero de la Puerta del Sol donde se dan las campanadas) ha sido "mucho más" que la sede de la Dirección General de Seguridad. 

Aseguran que van a proteger este edificio como "símbolo de concordia y reconciliación de todos los españoles". Para ello, la Consejería de Presidencia ha enviado alegaciones al procedimiento del Gobierno central que lo declara Lugar de Memoria Democrática. 

A su parecer, el acuerdo "vulnera las competencias autonómicas en materia de gestión y defensa de su patrimonio y funcionamiento de una institución de autogobierno". Todo ello teniendo en cuenta que el edificio ya tiene la máxima protección como Bien de Interés Cultural. 

El equipo de Ayuso acusa a Sánchez de tomar una "decisión unilateral" y "desvirtuar" el  valor histórico del edificio y "su papel como casa de todos los madrileños".

Historia del edificio

La Real Casa de Correos, en el transcurso del tiempo, ha sido oficina central de Correos, testigo de los hechos del 2 de mayo de 1808 y ha albergado la Capitanía General, el Gobierno Militar y la sede del Ministerio de Gobernación, incluso bajo el Gobierno del Frente Popular.

Además, en la memoria de todos los madrileños y españoles se vincula, por ejemplo, con la celebración cada año de las Campanadas y con el Kilómetro 0 de las carreteras radiales.

"Tratar de vincular este edificio histórico con el franquismo es una auténtica barbaridad. La Real Casa de Correos tiene más de 250 años de historia y ha sido testigo de múltiples acontecimientos que han vivido nuestra ciudad y nuestra región y, además, ha tenido distintos usos", ha recalcado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

Como ha señalado García, los poderes públicos tienen "la obligación de proteger y preservar la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la Historia, la imagen institucional, el significado y el uso actual de la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid".

"Actualmente, es la sede de Gobierno regional, un espacio de concordia y para todos los madrileños. Por eso, vamos a utilizar todos los resortes legales a nuestro alcance para intentar parar esta barbaridad que atenta contra las competencias exclusivas que tiene el Gobierno autonómico", ha añadido.

Las alegaciones

En el texto, se solicita al Gobierno central el archivo del expediente de la declaración por haber sido Dirección General de Seguridad en el periodo de tiempo comprendido entre 1939 y 1979, "cuando se trata de un edificio con más de dos siglos y medio de historia".

El Ejecutivo autonómico, entre los argumentos presentados, expone que "el acuerdo vulnera las competencias de la Comunidad de Madrid en materia de gestión de su patrimonio, defensa del patrimonio histórico, funcionamiento de una institución de autogobierno, y ataca el funcionamiento de una institución de autogobierno".

Además, denuncia que "el Estado ha actuado con una total falta de lealtad institucional", sin comunicación alguna previa de tan relevante asunto a su publicación en el BOE.

La Comunidad de Madrid considera que "el Ministerio interpreta de forma sesgada la historia, toda vez que un periodo ínfimo del pasado de la Real Casa de Correos no puede transformar la verdadera significación histórica, simbólica y la repercusión que en la memoria colectiva ostenta el edificio". Además, recuerda que "goza de la máxima protección como Bien de Interés Cultural".

Por tanto, ahonda, "no concurren los requisitos necesarios exigidos por la Ley 20/2022, de Memoria Democrática para poder llevar a cabo la pretendida declaración que, en caso de materializarse, sería contraria" a ella.

Además, el ejecutivo regional recuerda que la Real Casa de Correos, "símbolo de concordia y de la Historia de España en el corazón de Madrid", tiene en su fachada principal tres placas en homenaje y memoria del levantamiento contra la invasión francesa, las víctimas de los atentados del 11-M y los fallecidos durante la pandemia del Covid-19.

"Cada Nochevieja es el punto de unión de millones de españoles durante las campanas de su mítico reloj. Es sede de la Comunidad de Madrid desde hace cuatro décadas y su remodelación integral a finales de los años 90 fue inaugurada por Sus Majestades los Reyes de España", añaden.

"La Puerta del Sol, que los ciudadanos han consolidado a lo largo de los siglos como centro para la expresión de sus plurales opiniones, su voluntad de concordia y su característica vitalidad, fue elegida hace años para albergar la institución que venía a servir sus intereses y a ser su casa común en el nuevo ámbito democrático establecido por la Constitución", expresó el monarca en su discurso, añadiendo que es además "un símbolo del pluralismo y la diversidad de la Comunidad de Madrid".

Paralelamente, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) presentará este lunes una enmienda en la Asamblea de Madrid para la incorporación de un nuevo capítulo en la Ley 1/1983 del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, a través de la proposición de ley de medidas para la mejora de la gestión pública en el ámbito local y autonómico de la Comunidad de Madrid.

Esta iniciativa pretende reforzar la protección de la Real Casa de Correos como sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos los madrileños.