El impuesto 'extra' que se han encontrado los Ayuntamientos con el contrato de autobuses: "No entendemos nada"

Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid se enfrentan a una nueva carga económica derivada del transporte público interurbano. Algo que ha generado una fuerte polémica entre los municipios afectados y que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento de Getafe, gobernado por Sara Hernández.

El Consorcio Regional de Transportes (CRT) ha decidido implementar —según denuncia este consistorio gobernado por el PSOE—, dos medidas que han encendido las alarmas en los consistorios, puesto que, según ellos mismos, no estaban notificados de una de ellas y, directamente, se la han encontrado en la factura de este año.

Aseguran que hay dos gravámenes que han afectado al contante final: un aumento sustancial del coste por kilómetro recorrido por los autobuses interurbanos y la imposición de un copago del 10% de los costes de estas líneas, algo que nunca antes se había aplicado.

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El Ayuntamiento de Getafe, liderado por su concejal de Movilidad, Carlos Enjuto, ha alzado la voz contra esta decisión. En declaraciones a Madrid Total, Enjuto explica que el CRT ha duplicado prácticamente el coste por kilómetro para los municipios, pasando de 2,7 euros en ejercicios anteriores a 4,7 euros, una cifra que considera "desproporcionada".

A este respecto, el concejal explica que ellos han hecho "una estimación de viajeros por kilómetro" por la cual iban a pagar 3,47 euros el kilómetro en 2023 para terminar pagando 4,7, según la factura que le ha llegado. Aun así, entienden que han subido los carburantes y mucho más derivados, por lo que, respecto a este primer incremento, sólo piden "más transparencia". 

Copago del 10%

Otra medida que ha generado controversia es la introducción del copago del 10% de los costes de las líneas interurbanas, una decisión sin precedentes en la región. Según Enjuto, esta carga económica supone una imputación impropia, ya que históricamente el CRT ha asumido el 100% del coste de estas líneas, al ser de competencia autonómica.

Para explicar dónde se está cobrando ese 10% hay que explicar cómo funcionan los autobuses gestionados por el Consorcio. Los hay de dos tipos. Los que pasan por dentro de la ciudad (los autobuses urbanos) y los que conectan la misma con la capital, Madrid, que son los conocidos como interurbanos.

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Enjuto asegura que hasta ahora su Ayuntamiento no se hacía cargo de ningún coste de las líneas interurbanas "porque son competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid". No así las urbanas, que sufragan al 50% ayuntamientos y 50% Consorcio Regional de Transportes. Siempre y cuando no tengan empresas municipales propias, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid. 

Volviendo al ejemplo de las líneas interurbanas, el autobús sale de Getafe o de su estación madrileña (en este caso Méndez Álvaro) y va haciendo diferentes paradas hasta llegar a su recorrido, algunas de ellas en el propio municipio. Hasta ahora, el Ayuntamiento cerraba con el Consorcio el pago de los kilómetros y nada más. 

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Ahora esto ha cambiado y lo que hace el Consorcio es pasar un 'copago' del 10% a los municipios porque presuponen que muchos usuarios del interurbano no usan el autobús para llegar hasta Madrid, sino para moverse dentro de propio municipio. Ese uso, que sería un interurbano haciendo trayectos y captando usuarios de un urbano, es lo que están cobrando a los municipios. 

Desde el Ayuntamiento acusan al Gobierno de Madrid de estar dando por hecho que sus interurbanos son un servicio mixto y que, por tanto, las líneas interurbanas prestan un servicio urbano. "Pero no hay pruebas de que eso sea así". De hecho, el copago del 10% aparece reflejado en la factura como "servicio urbano mixto". 

En el caso de Getafe, este nuevo impuesto representará un gasto adicional de 570.000 euros en el presupuesto municipal. "No solo no sabemos por qué se ha fijado este porcentaje, sino que tampoco tenemos claro cómo se distribuyen los costes entre los municipios por los que pasan estas líneas", ha criticado el concejal, añadiendo que la falta de información genera dudas sobre la legalidad de la medida.

Alegaciones

Por parte de la Consejería de Transportes, fuentes próximas al equipo de Jorge Rodrigo aseguran que el 10% se aplica a todos los Ayuntamientos por igual y que responde a una estimación. 

Ani Ardoiz.

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"Este aumento genera una factura inesperada y no viene acompañado de explicaciones ni justificación técnica que respalde su necesidad", ha señalado. "Pedimos transparencia y datos concretos para entender por qué estamos asumiendo este sobrecoste", ha añadido.

Se desconoce si el Consorcio de Transportes va a realizar algún tipo de modificación. Lo que sí se sabe es que Getafe ha tomado sus propias medidas. 

El Ayuntamiento ha anunciado que presentará alegaciones contra estas medidas y se reserva la opción de acudir a los tribunales si no se atienden sus demandas. "Estamos hablando de una afectación directa a los derechos de los vecinos y de una carga económica que no corresponde a los Ayuntamientos".