Isabel Díaz Ayuso en un desayuno de Nueva Economía Forum.

Isabel Díaz Ayuso en un desayuno de Nueva Economía Forum. Eduardo Parra. /EP

Madrid Comunidad

La guerra de Ayuso contra las drogas para evitar "volver a los 80": crear una comisión especial en la Asamblea

Se centrará especialmente en los jóvenes y en el resurgimiento de sustancias como la heroína y el fentanilo.

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La Comunidad de Madrid pone en marcha una nueva ofensiva contra las drogas. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid liderado por Isabel Díaz Ayuso, presidenta del Ejecutivo autonómico, ha anunciado la creación de una comisión de estudio para analizar el impacto de la drogadicción.

Este movimiento, que ya se ha registrado y espera comenzar en marzo tras la aprobación del pleno, busca abordar de manera integral las consecuencias de las drogas en la sociedad madrileña, centrándose especialmente en el resurgimiento de sustancias como la heroína y el fentanilo.

Según declaraciones del portavoz del grupo, Carlos Díaz-Pache, el principal objetivo de esta comisión es evitar "volver a la peor cara de los años 80, con las jeringuillas en el suelo, los jóvenes deambulando sin rumbo, las madres sufriendo y la inseguridad". Para ello, se convocará a expertos de la salud, educadores, fuerzas de seguridad y afectados por la drogadicción, quienes contribuirán a elaborar un dictamen que pueda guiar nuevas políticas en la materia.

El planteamiento también surge como parte de una respuesta a un contexto internacional alarmante. Sustancias como el fentanilo han generado devastadores efectos en otras partes del mundo, y en España ya comienza a detectarse un repunte en su consumo.

A este fenómeno se suma la problemática histórica de la heroína, cuya reaparición preocupa por sus graves repercusiones tanto sanitarias como sociales. El portavoz del GPP resaltó también la relación que, a su juicio, existe entre la drogadicción y problemas como la violencia, los atracos, la marginalidad y los trastornos de salud mental. "No podemos trivializar el consumo de drogas, que está alimentando a las grandes mafias internacionales y destrozando vidas", afirmó.

Una estrategia en 4 ejes

La propuesta se integra en una estrategia más amplia que el Gobierno de Ayuso ya había impulsado con el Plan Regional contra las Drogas. Este incluye 75 medidas distribuidas en cuatro ejes principales: prevención, asistencia, reinserción y monitorización.

Muchas de estas acciones están especialmente orientadas a prevenir el consumo entre los más jóvenes, un colectivo clave para la presidenta y su equipo, quienes consideran que recuperar la autonomía y el rumbo de la juventud es un elemento esencial en su política.

Durante su rueda de prensa, Díaz-Pache vinculó la problemática con un entorno cultural más amplio, argumentando que no quieren "caer en la complacencia". Se ha referido a esta medida integrándola dentro de la batalla cultural en la que lo 'woke' lo impregna todo. A su parecer, el no actuar frente a las drogas o el favorecer el uso de sustancias como la marihuana "es una forma que tienen algunos de tener a la juventud despistada, y caer en esa complacencia".

"Es una forma de control social que algunos pueden intentar", declaró. Así, justificó su oposición tajante a posturas favorables a la legalización del cannabis, que ha identificado con las políticas de algunos partidos de izquierda, como un paso en la dirección equivocada.

Análisis exhaustivo

La nueva comisión estará compuesta por profesionales del sector sanitario, miembros de las fuerzas de seguridad, educadores, víctimas de drogadicción y sus familias. Según la propuesta inicial, se desarrollará durante un año, tiempo en el que se pretende recopilar información sobre cómo afectan las drogas a las vidas de los afectados, las razones de su consumo y cómo funcionan las redes que lo promueven. Este último aspecto busca hacer hincapié en el negocio del tráfico de estupefacientes y las grandes mafias internacionales que lo sustentan.

Al final de su funcionamiento, se presentará un informe que podría incluir recomendaciones para fortalecer las políticas regionales. Sin embargo, la medida no se ha consensuado con otros grupos de la Asamblea, lo que ha suscitado las primeras críticas de los partidos de izquierda, aunque aún no se han producido pronunciamientos públicos al respecto.