Bajo el marco de la 'Operación SIVA', el Instituto Armado detuvo hace poco más de una semana a 17 personas. Formaban parte de un grupo criminal, ya desarticulado, que traficaba con cocaína y otro tipo de drogas y que estaba asentado en el poblado irregular y en el municipio del este de la región. La investigación arrancó a finales de 2023, cuando se detectó un mayor movimiento de gente que salía del Sector III de la Cañada Real Galiana con estupefacientes. 

La Guardia Civil se puso manos a la obra e identificó las tres patas sobre las que se asentaba el entramado. El suministrador principal se afincaba en Mejorada del Campo y distribuía la mercancía a dos cabecillas de clanes familiares de la Cañada Real. Ambos trabajaban en connivencia y ocultaban la cocaína bajo tierra en un descampado. Con ello, evitaban que hubiera droga en sus viviendas durante un posible registro policial. 

No era la única medida de seguridad de la red. Cuando necesitaban desenterrar el producto, los implicados se valían en ocasiones de niños que les acompañaban para pasar desapercibidos. Además, usaban un segundo coche en sus desplazamientos que avisaba de posibles controles policiales. Aunque el suministrador de Mejorada era el más importante del entramado, el grupo también recurría a otros proveedores. 

El resto de integrantes de la banda vendía, trasladaba, repartía o distribuía la mercancía. De los 17 integrantes, se ha decretado prisión para 16 miembros. Se les acusa de varios delitos: tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y defraudación de fluido eléctrico.

Las casas ilegales de Mejorada

La Cañada Real es la zona más marginal de Madrid. Nació a mediados del siglo pasado. En un primer momento, era una vía pecuaria estatal. Pero acabó transformándose en el hogar de inmigrantes rurales, marroquíes y gitanos españoles y rumanos. Ahí, a lo largo de varios kilómetros, se fueron conformando focos de infraviviendas, delincuencia y drogas. En los últimos años, varias instituciones han estado trabajando para realojar a cientos de familias vulnerables en hogares.  

El pasado enero, el nombre de la Cañada Real apareció en un reportaje elaborado por este periódico sobre el fenómeno del urbanismo ilegal en Mejorada del Campo. Semanas antes, la propia Guardia Civil puso en marcha una macrooperación en este sentido tras detectar varias decenas de viviendas construidas en una zona protegida del municipio.

Dispositivo de la Guardia Civil en la gran operación de diciembre contra las viviendas ilegales de Mejorada del Campo. GC

Por aquel entonces -el artículo de EL ESPAÑOL se publicó el 26 de enero- el Ayuntamiento de Mejorada (gobernado por el socialista Jorge Capa) cifró en más de 1.000 el número de residencias ilegales. Un dato que representa el 12% de la superficie del pueblo. Al parecer, el problema arrancó en los años 80 y la Benemérita había actuado sobre esta anomalía desde años atrás. 

Después de llevar a cabo unas 10 o 15 operaciones al año, el Instituto Armado ejecutó la 'Operación Cimientos' (con 70 agentes implicados) y detectó a finales de 2023 los 67 hogares que se habían levantado en un área protegida. 

Tanto los agentes, como la Fiscalía y el Ayuntamiento han intentado paliar esta realidad, pero los esfuerzos no evitaron que estas construcciones irregulares brotasen donde no debían. 

Francisco Javier Díaz Martín, brigada de la Unidad de Protección de la Naturaleza (UPRONA) de la Guardia Civil y uno de los máximos responsables de la 'Operación Cimientos', explicó lo siguiente: "La Guardia Civil de Mejorada del Campo considera que parte de ese crecimiento es por la llegada de vecinos nuevos procedentes de otras zonas, donde podemos decir que pueden ser marginales o zonas de mayor presencia de delincuencia como, por ejemplo, la Cañada Real".

Es un asunto complejo y el actual Gobierno municipal de Jorge Capa está "implicado en buscar una solución y en regularizar, en la medida de lo posible, todo lo que sea posible. Desde que está este Gobierno municipal, que ya son ocho años, ha habido muchas reuniones con la Comunidad de Madrid y ha solicitado una ley especial", manifestó el Consistorio a principios de año a preguntas de este diario.