Tras unos años de gobierno en minoría, en las elecciones municipales de 2019 José Damián García conseguía la mayoría absoluta para gobernar en Cortes de la Frontera, una localidad de poco más de 3.000 habitantes situada en el Valle del Guadiaro. El pueblo, que vive en buena parte del monte, llegó a estar muy cercano a la quiebra económica; sin embargo, desde la llegada de Vecinos, una agrupación de votantes local, las tornas han cambiado.
Hace casi una década, en diciembre de 2012, el Consistorio tenía unas obligaciones de pago de más de doce millones de euros; a finales del último ejercicio, éstas rondaban los seis millones. En 2014, los empleados públicos contratados por la localidad se manifestaron: no habían cobrado durante el segundo semestre del año. La situación económica era límite.
El alcalde, José Damián García, no recibe ninguna contraprestación, al no tener dedicación al puesto. En conversación con EL ESPAÑOL de Málaga, Ana Álvarez, segunda teniente de alcalde y responsable de las áreas de Cultura, Bienestar, Turismo y Administración Pública, confirma que detrás de ese ‘milagro’ hay un trabajo de toda la corporación.
Según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2012, la deuda pública en Cortes de la Frontera era de 321.000 euros. En sólo un año se multiplicó hasta los 4,5 millones de euros. No es hasta 2018 que esa deuda baja de los cuatro millones, ya con Vecinos en el Ayuntamiento.
Uno de los problemas más graves, según Álvarez, es que Cortes se ha visto obligado a devolver subvenciones muy cuantiosas, algo que “ha generado muchos intereses y recargos”. Por ejemplo, apunta, a obras con ayudas de la Diputación que no se realizaron en tiempo y forma: la organización de unas jornadas micológicas, el arreglo de calle Málaga o calle Ancha, el asfaltado de la Cañada Real Tesoro o un edificio multifuncional.
“La concesión de una subvención o ayuda pública genera inexcusables obligaciones a los beneficiarios de ella”, añade Álvarez. El incumplimiento de las condiciones bajo las que se otorga o la falta de justificación de su empleo a los fines para los que se concedió, obliga a la devolución de lo percibido con los intereses correspondientes, en el caso de Cortes, “muchas de esas obras se hicieron y finalmente tuvo que afrontarlas el pueblo”.
Por otro lado, Álvarez habla de las obligaciones de pago generadas por sentencias judiciales: “Desde 2015 a nuestros días se han pagado sólo de sentencias por impago más de 700.000 euros y todo por procedimientos anteriores a 2014”, afirma.
Vecinos lleva trabajando por minimizar la deuda de forma constante desde su primer gobierno en mayoría simple en 2015. Sin embargo, el mayor esfuerzo lo están realizando desde que en 2019 consiguieron la mayoría absoluta. Según el Ministerio de Hacienda, en 2018 el gasto presupuestado se redujo a mínimos históricos: 2,6 millones de euros. Tras las elecciones, en 2019 subió a 4,3 y en 2020 fue de tres millones exactos.
Independencia
Al ser una pequeña agrupación de electores, Vecinos funciona con una cierta independencia. “Esto nos permite movernos bien, por ejemplo, en la Diputación. No tenemos representación, pero al no pertenecer a ningún partido, podemos buscar siempre los intereses del pueblo”, afirma Álvarez. Además, reconoce que desde el ente supramunicipal les han felicitado por la gestión.
Uno de los puntos que más éxito ha traído a la gestión económica de Cortes es la revalorización de una de sus principales industrias: mientras en ejercicios anteriores los precios del corcho estaban por los suelos, en 2021 esperaban recaudar 1,8 millones de euros por su venta: este año el lote de mayor calidad ha rondado los dos euros.
En años anteriores ha llegado a venderse hasta diez veces más barato, algo que se ha notado en las arcas municipales. Un ejemplo de ello es la partida económica dedicada a Cultura: en 2018 alcanzó mínimos históricos, con 170.000, mientras que al año siguiente se duplicó para conseguir la mayor inversión en la historia del municipio.