No hay marcha atrás. La Junta de Andalucía está decidida a poner fin a la Eco Reserva de Ojén, un espacio de casi 82 hectáreas de superficie que fue durante años un enclave natural de referencia. La Administración regional no dará más prórrogas a sus responsables, a quienes insta "por segunda vez" al desalojo de los animales que, si no se produce, se ejecutará "pronto". 

Medio centenar de personas se concentraron el pasado martes ante la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad en Málaga para pedir, con el respaldo de 68.000 firmas, la suspensión de la orden, pero la decisión está tomada: la Junta quiere ejecutar el desalojo y "seguir adelante con el proyecto de monte público, pero con otro gestor", según confirman a EFE.

En mayo de 2016, la Junta de Andalucía otorgó la concesión del suelo a Antonio Calvo y, seis años después, en febrero de 2022, la misma administración decidió cerrar al público el recinto. Ha pasado más de un año desde entonces y la Consejería de Sostenibilidad no se ha movido de su postura al resolver la caducidad de la concesión original.

Desde la Administración autonómica acusan a Calvo de "incumplimiento sistemático" de la norma. El expediente que pone fin a la concesión detalla hasta 15 infracciones: desde tenencia de animales sin documentación de origen a falta de separación entre humanos y animales. 

Para el abogado marbellí Alejandro Criado, encargado altruistamente del caso, estas razones se ajustan estrictamente a la ley, pero son “muy forzadas” y un juez, “objetivamente" daría "la razón" al concesionario, aunque el problema fundamental es que "los tiempos no acompañan".

"Para revocar una concesión tiene que haber motivos muy graves, ya que hay un principio de presunción para mantener la validez de los contratos y las concesiones" y, en este caso, "realmente grave no hay nada", subraya, porque lo más grave, que es la cuestión de la separación, "lo alegan cuando aquello ya está cerrado", asegura a EFE. 

La Junta "ha mantenido a rajatabla" las infracciones que le imputan a Calvo y no ha aceptado ninguna de las alegaciones presentadas por él y que, según el abogado, desmontarían argumentos como el que afirma que en ese espacio se arreglan vehículos y hay vertidos incontrolados.

Para este letrado, la Junta "es clara" ha tratado de "tener unos argumentos de peso" en los que apoyarse para justificar su decisión "desde un punto de vista social y mediático".

Tras un año luchando por sacar adelante el proyecto sin ingresos ni ayuda y con la administración pisándole los talones, Antonio Calvo está sin recursos, con una multa de 65.000 euros y la obligación de reubicar a muchos animales a los que dio refugio, ya que, de no hacerlo, lo hará la administración y se lo cobrará, explica a EFE.

Mientras el desalojo se produce, Calvo se acerca cada día al monte a atender a animales a los que considera su familia y se muestra muy preocupado por su futuro, ya que, de marcharse, no sabe qué pasará con los tres jabalíes que acogió cuando aún eran crías -Manolo, Lluvia y Trufa- o con ciervos recogidos que no se adaptan a la manada.