El futuro de la desoladora de la Axarquía está pendiente de los rifirrafes entre las administraciones competentes: el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Este martes, PSOE y PP han escenificado el choque de trenes y se han reprochado mutuamente la falta de voluntad para ponerla en marcha. 

La primera en entrar en disputa ha sido la candidata número uno del PSOE al Congreso de los Diputados por la provincia, Mari Nieves Ramírez, que ha instado a la Junta de Andalucía a "decidir dónde, cómo y cuándo" se construye la desaladora "que el Gobierno de España ya ha puesto encima de la mesa".

La socialista ha acusado a la administración regional de llevar "desde octubre dando vueltas". "A día de hoy todavía no sabemos absolutamente nada, no está adjudicada", ha asegurado, al tiempo de defender que el Gobierno de España, "sin ser su competencia, ha puesto encima de la mesa 100 millones de euros" para su construcción. 

La lectura del PP está en las antípodas. El secretario general del partido en Málaga, José Ramón Carmona, ha contestado a Ramírez que "la desaladora de la Axarquía es competencia del Estado" y ha criticado, al mismo tiempo, que "el Gobierno de Sánchez no ha movido un dedo para construirla en estos años". "No ha ejecutado una obra que es de interés general del Estado y, encima, ahora dice que la va a financiar pese a no ser su competencia", ha espetado.

Según Carmona, la Junta de Andalucía reclamó al Gobierno esta desaladora en febrero de 2022, "obteniendo la callada por respuesta" y, "ante esta inacción, el Gobierno andaluz ha puesto en marcha un procedimiento junto a la iniciativa privada para impulsar esta infraestructura".