Con el fin de ayudar a 40.000 personas vulnerables de la provincia, la Diputación de Málaga va a poner en marcha una plataforma digital pionera en España para aprovechar los excedentes alimentarios de sectores como el hostelero y hotelero que les haya llegar estos alimentos a los que más la necesitan. 

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha presentado este miércoles el programa Málaga no caduca. En este sentido, ha explicado que se trata de un reto social que busca eliminar o reducir la inseguridad alimentaria, la exclusión sociolaboral y atajar problemas de salud que derivan de esas situaciones. 

“No nos limitaremos a saciar a las personas, sino que el reto es mejorar su nutrición, algo que está directamente relacionado en los niños, por ejemplo, con el fracaso escolar o en combatir la obesidad”, según el presidente, que ha asegurado que se prestará una atención especial a los menores y a los mayores. 

El segundo objetivo del proyecto es reducir el impacto medioambiental y el tercero es el económico, porque al evitar la destrucción de excedentes se pueden obtener beneficios, por ejemplo, fiscales, además de imagen y sociales.

El proyecto se gestionará a través de una plataforma tecnológica integrada que pondrá en contacto a todos los intervinientes: administración pública, sector privado y beneficiarios, todo ello con la participación también de Bancosol. La iniciativa quiere dar uso a las toneladas de alimentos en buen estado que se tiran cada año en la provincia.

El proceso de trabajo se está diseñando desde los donantes al Banco de Alimentos, las entidades sociales y la llegada a los beneficiarios. Todo a través de un proveedor de servicios sociales que gestionará el proceso con una base de datos única e integrada, que está desarrollando la empresa Air Miles, para que se acerque lo máximo a la realidad y las necesidades de esas personas.

Diez millones de euros en cinco años

Para llevar a cabo este proyecto, la Diputación tiene previsto destinar diez millones de euros. Cabe señalar que este será el primer Contrato de Impacto Social (CIS) en España, lo que hace que el pago al proveedor del servicio se realice en función de los resultados, que se detallan dependiendo de cada concepto que tienen una métrica asociada: reparto de alimentos, inserción laboral y lucha contra la soledad no deseada. 

El proyecto cuenta con un informe favorable del Banco Europeo de Inversiones y, según la consulta preliminar que han realizado, se ha constatado que hay entidades interesadas tanto para proveer el servicio como para financiarlo. Además, una peculiaridad de este tipo de contratos (CIS) es que el riesgo lo asume una entidad privada que adelanta el dinero.

De igual forma, en septiembre celebrarán un evento para dar a conocer el proyecto específico para el canal Horeca. Al mismo tiempo abrirán dos procesos de colaboración: uno para incorporar a los ayuntamientos de la provincia y otro para las entidades privadas. En octubre saldrá a licitación el proyecto para formalizar la contratación de cara al año que viene. Por lo tanto, el periodo de vigencia previsto de manera inicial será desde el año 2025 al 2030.

En el proyecto también colaboran otras entidades como la Consejería de Salud, la asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS), SpainNAB (Consejo Asesor para la Inversión de Impacto) y la consultora UpSocial.