La nave fantasma del fracasado anillo ferroviario de Málaga sigue en pie y sin uso
Los intentos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por alquilar el complejo han fracasado. Ahora acaba de licitar un seguro de daños.
28 junio, 2024 05:00Noticias relacionadas
En pie, como vestigio de un proyecto que nunca fue, que murió poco después de haber nacido, permanece vacío, como un viejo fantasma siempre presente, el edificio construido por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la comarca de Antequera. Tras casi 10 millones de euros invertidos, las naves pretendían ser la semilla inicial de un ambicioso anillo ferroviario que iba a suponer un desembolso cercano a los 400 millones de euros para la provincia.
Algo más de diez años después de su ejecución material, las instalaciones siguen sin uso. Y no sólo por la desaparición del circuito de pruebas, sino porque los diferentes intentos del organismo estatal para alquilarlas como centro de reparación y mantenimiento de material ferroviario han quedado desiertos.
El último de ellos vio la luz a mediados de 2021. El concurso público de Adif no recibió una sola propuesta empresarial interesada, abocando al complejo al estado de abandono en el que se encuentra a día de hoy. Este viejo fantasma vuelve a la actualidad porque justo ahora Adif ha licitado la contratación de un seguro de daños materiales de la nave CISF Bobadilla-Antequera por un plazo de 24 meses.
Llama la atención el hecho de que en el pliego de condiciones técnicas que rige este procedimiento se recogen los bienes y las sumas a asegurar. En este apartado se precisa que el valor asegurado es de 6.428.000 euros, muy lejos de lo que costó su materialización. En concreto, se asignan 6.363.000 euros al continente/edificio y otros 65.000 euros al contenido industrial.
La nave industrial, con una superficie construida de 19.140 metros cuadrados, localizada sobre una parcela de casi 62.000 metros, representa fielmente el fiasco del ambicioso anillo ferroviario, que estaba llamado a ser el mayor de todo el mundo. Iba a estar dotado de dos circuitos de pruebas, uno de ellos de 57 kilómetros de longitud, y sobre el que se permitirían test de material móvil a una velocidad de hasta 470 kilómetros por hora.
El primer movimiento tuvo su origen a finales de 2010, cuando el Gobierno central, en aquel momento presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, dio luz verde a la firma de un convenio entre el Ministerio de Ciencia y Adif para avanzar en esta actuación. El objetivo era iniciar los trabajos de construcción en 2011, con cuatro años de plazo.
El acuerdo precisaba que la intervención sería objeto de cofinanciación entre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Ministerio de Ciencia e Innovación, que iba a conceder a Adif un préstamo de 209,73 millones de euros a interés cero, en concepto de "anticipo reembolsable Feder", y un préstamo complementario de 134,72 millones de euros a un tipo de interés reducido (1,17%).
La fecha casi de defunción formal del proyecto fue la de julio de 2016, cuando la Comisión Europea obligó al Gobierno de España a devolver los casi 130 millones de euros que fueron adelantados de fondos europeos para la construcción de un anillo de ensayo y experimentación de tecnología ferroviaria.