Renace la apuesta por levantar un nuevo macrocomplejo comercial en la Costa del Sol: superaría a La Cañada
La Junta de Andalucía analiza la viabilidad de una operación que supondrá reclasificar 251.000 metros de suelo en Estepona ahora catalogados como no urbanizables.
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Estepona, mayor del año 2008. El entonces alcalde del PSOE Antonio Barrientos presenta el anteproyecto del que se anunciaba iba a ser el mayor centro comercial de España. Con casi 300 millones de euros de inversión y unos 130.000 metros cuadrados de superficie construida, el complejo se planificaba sobre los terrenos de La Lobilla. 16 años después, la macrooperación urbanística parece renacer y, en caso de ver definitivamente la luz, supondría la construcción de uno de los mayores complejos del país, superando incluso a La Cañada, en Marbella.
Y muestra de ella es que recupera el camino urbanístico que quedó abandonado tiempo atrás. Así lo demuestra la incorporación de la iniciativa empresarial a la amplia carpeta de proyectos que son objeto de análisis y estudio por parte de la Consejería de Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Andalucía. Tras la misma, Costasol de Hipermercados SL, Gestora Comercial Hipersol SL, Azata SA y Don Ernesto Franco como promotores,
Aunque su presentación en sociedad tuvo lugar en 2008, la realidad es que la actuación hunde sus raíces antes, en diciembre de 2005, cuando los promotores privados y el Ayuntamiento esteponero firmaron un convenio urbanístico, ratificado por el Pleno, para la reclasificación de los terrenos sobre los que se dibujaba la edificación. El planteamiento, que se mantiene en el tiempo, no es otro que clasificar los terrenos como suelo urbanizable sectorizado de uso comercial con destino a gran establecimiento comercial.
Todo ello forma parte de la Declaración Ambiental Estratégica emitida por el ente autonómico y fechada el pasado 20 de agosto. En la misma se remarca el propósito de crear un equipamiento comercial de ámbito comarcal, "que complemente el vacío existente entre los equipamientos comerciales de Marbella y el Campo de Gibraltar, y que al mismo tiempo disminuya la presión sobre los equipamientos existentes que están generando graves problemas sobre las infraestructuras de acceso, especialmente en el caso de Marbella, en los casos del Centro Comercial La Cañada y el entorno de Puerto Banús".
"Se tratará no sólo de plantear un centro comercial tradicional, sino una nueva propuesta de desarrollo comercial, que pueda generar una nueva centralidad, y que puede convertirse en el centro de referencia de la parte más occidental de la Costa del Sol", se indica.
El ámbito de actuación es un conjunto de fincas que conforman una unidad de 251.303,59 metros cuadrados de suelo no urbanizable común. Los suelos lindan al sur y al sureste por la autovía A-7, al oeste por la carretera de Estepona a Genalguacil, y al norte y al este por suelo no urbanizable común.
Del conjunto de terrenos, se destinan a una gran superficie comercial 117.818,4 metros (el 46,88%), con un techo edificable de 130.100,8 metros. El resto se asignan a equipamientos públicos, con 10.062,29 metros (un 4%); zonas verdes públicas, con 97.038,57 metros, a los que añadir 88.623,67 metros que se adscriben a sistemas generales.
Tramitación ambiental
Desde la Junta se advierte de que al tratarse de una modificación del planeamiento general que afecta al suelo no urbanizable, la propuesta ha de someterse a evaluación ambiental estratégica ordinaria. La petición por parte del Consistorio para poner en marcha el procedimiento tuvo lugar el 17 de septiembre de 2021.
En una primera aproximación, los técnicos autonómicos inciden en la necesidad de que la ordenación urbanística del ámbito respete la distribución de hábitats de interés comunitario existentes, señalando la necesidad de que se incluyan los terrenos donde se asientan en las áreas libres públicas. Por este motivo se apunta la necesidad de acometer cambios e incrementar la superficie destinada a áreas libres.
El documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, remarca que los hábitats de interés comunitarios detectados se extienden 11,22 hectáreas, mientras que el montante de zonas verdes públicas propuestas no alcanza las 10 hectáreas, parte de las cuales, además, se emplaza en superficies no ocupadas por los HICs existentes.
Por este motivo, se remarca la necesidad de que se preserven los tres hábitats presentes en su extensión íntegra y en su distribución actual. No obstante, se apunta la posibilidad de que en caso de que no se pueda llevar a cabo la innovación propuesta sin producir alguna afectación en alguna pequeña parte del área de distribución de alguno de los HICs, se podrá compensar en otros emplazamientos del ámbito, o de algún terreno fuera del mismo, siempre que se justifique la idoneidad ecológica de los suelos.
"La superficie donde llevar a cabo estas compensaciones deberá ser cuatro veces mayor que la parte de HIC que resulte afectada irremediablemente en su emplazamiento actual, en previsión a las pérdidas que se producirán en las plantaciones", se insiste.