El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, toma la palabra por primera vez para pronunciarse sobre la contundente sentencia que condena al Ayuntamiento de la ciudad por su "inactividad" a la hora de controlar el problema de ruido en la Plaza Mitjana y sus alrededores.

Lejos de la lectura que hace el titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Málaga, responsable del fallo, el regidor defiende la labor desempeñada por las diferentes áreas municipales en todos estos años. "Entendemos que se ha hecho mucho ¿Todo, todo, todo? Creo que sí, lo que materialmente era posible", ha afirmado al ser preguntado. 

Y para refrendar este argumento ha recordado la existencia de empresarios hosteleros de la zona en cuestión que llegaron a asegurar que se veían abocados al cierre "por las multas sucesivas que recibían" por parte de la Policía Local. 

Asimismo, De la Torre ha apuntado que tanto la Fiscalía como el Defensor del Pueblo acabaron por "archivar" las quejas vecinales contra la labor municipal. Ante esta situación, avala la decisión de recurrir la sentencia, considerando que en la misma "no se ha valorado suficientemente la labor municipal". 

Para el alcalde, este recurso, además, permitirá aportar información actualizada sobre la situación de la plaza y las calles de alrededor, incorporando nuevas mediciones del ruido.

En este sentido, se pronuncia en la línea de lo ya expresado por el equipo de gobierno la pasada semana, cuando exponía que la situación en las calles Luis de Velázquez y Marqués del Vado Maestre (Plaza Mitjana) ha cambiado respecto al momento en que los recurrentes acudieron a los tribunales. 

Por un lado, según el Ayuntamiento, por las medidas adoptadas por el Consistorio en estos años, y, por otro, por la propia iniciativa privada, que va a abrir al público locales cuyo impacto acústico será mucho menor y cambiará el modelo de ocio en la zona.

Frente a la posición municipal, el juez entiende que existe "menoscabo de derechos a la intimidad personal y familiar y a la inviolabilidad domiciliaria", aunque aprecia "una vulneración grosera y escabrosa del derecho a la vida y a la integridad física o moral".