La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por utilizar la videovigilancia para controlar el Centro histórico de la ciudad y los polígonos industriales se mantiene firme. A las 21 cámaras que vienen funcionando en parte del casco antiguo desde hace años se pretenden sumar en las próximas semanas 20 puntos repartidos entre la calle Carretería y la Plaza de la Merced, y se trabaja en la contratación de 15 más en el barrio del Soho y la Alameda Principal.
Nuevas fases de intervención a las que ya puede sumarse la puesta en servicio del sistema de vigilancia en tres de los parques empresariales: Guadalhorce, Azucarera y Santa Bárbara. Muchos menos de los que inicialmente se contemplaban. La activación se produce, además, muchos años después de que se diesen los primeros pasos.
Aunque la voluntad municipal, según ha expresado el alcalde, Francisco de la Torre, es la de tratar de impulsar nuevas fases de ampliación en la zona productiva, no parece que vaya a ser sencillo. Entre otras razones porque tanto la Delegación del Gobierno en Andalucía como el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ponen condiciones antes de otorgar las autorizaciones necesarias.
Para el presidente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), Antonio López, la puesta en funcionamiento de la videoviglancia es "importante para los empresarios". López ha anunciado que la intención es la de continuar con el plan original y poder abarcar con este sistema de seguridad el resto de espacios industriales, de los que ha destacado su peso como "motor económico".
"Debería ser normal poder pasear por un parque a las nueve de la noche, pero no siempre lo es", admite. Para tratar de limar las posibles discrepancias con los organismos competentes a la hora de permitir la videovigilancia, el representante de Apoma apunta la posibilidad de proponer las nuevas fases por zonas y no por parques industriales.
Sea como fuere, las estadísticas manejadas por la Policía Local confirman que la videovigilancia es una herramienta sumamente útil a la hora de esclarecer delitos y sucesos. Sobre ello, Ricardo Fernández, uno de los miembros de la Policía Local más directamente vinculado al sistema y al control del mismo, ha aludido a la existencia de un estudio de la Universidad de Málaga que viene a señalar que "entre el 40% y el 60% de los hechos que son captados por las cámaras acaban siendo resueltos".
Generalmente, las imágenes captadas son reclamadas por la Policía Nacional o por la Guardia Civil en el marco de investigaciones de hechos concretos. Todos los dispositivos son controlados desde el Centro de Emergencias Municipal, existiendo una conexión directa con las instalaciones que la Policía Nacional tiene junto al Mercado de la Merced.
Según Fernández, la Policía Local suele recibir al año entre 150 y 200 peticiones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. "Durante la pandemia sí notamos una caída en estas reclamaciones; ahora podemos estar en una media de cuatro o cinco a la semana", ha explicado, confirmando un repunte en las mismas.