Este viernes se conocía la sentencia del caso Paradas Romero, en el que el gerente de Málaga Deporte y Eventos estaba acusado por delitos leves de coacciones y de amenazas contra el concejal no adscrito, Juan Cassá, y sus colaboradores Íñigo Vallejo y Beatriz González. El sentido del fallo sorprendió a la formación liberal: "Después de conocer el criterio de la Fiscalía, esperábamos una sentencia absolutoria".
La respuesta de Ciudadanos ha sido sorprendente: mantener al gerente de la empresa pública en su puesto en lugar de cesarlo temporalmente hasta que la sentencia fuera firme (condenatoria o absolutoria). En ese caso, fuentes de los liberales afirman a EL ESPAÑOL de Málaga que "lo habitual, en más de un 90% de los casos, es que en estos juicios de delitos leves (antiguas faltas), la sentencia sea coincidente con el criterio del fiscal".
Si hay algo que ninguna de las fuentes pone en duda es que José Luis Paradas Romero realizó casi 150 llamadas a Cassá, Vallejo y González. "Pero esa no es la cuestión. El delito leve de coacción es efectivo cuando el denunciante ha sentido ese acoso o le ha alterado en su vida: Cassá denunció más de cuatro meses después, sus colaboradores, ocho". Es por ello por lo que desde la Fiscalía se entiende que no existe efecto coercitivo sobre ninguno de los denunciantes.
Pero la jueza del caso ha expresado otro criterio, algo que cogió por sorpresa a los compañeros de partido del exárbitro. Tal fue así que varios mandatarios liberales estuvieron reunidos desde aproximadamente las 11 de la mañana hasta pasadas las dos de la tarde, cuando enviaron un escueto comunicado.
En declaraciones a este periódico, fuentes de los liberales se escudan en "el criterio de la Fiscalía" para no haber cesado o exigido, al menos, la dimisión temporal de Paradas Romero. "Este tipo de recursos son rápidos", afirman, y esperan que sea favorable para el ahora condenado.
Por su parte, fuentes populares creen que Ciudadanos ha cometido un "error" al mantener a Paradas Romero en su puesto. De hecho, hablan también de que con la decisión de no destituir al exárbitro "demuestra una preocupante situación a nivel orgánico".
En comparación, los populares entienden que si esta situación se hubiera dado "en el PP o el PSOE, no hubiera temblado el pulso" a la hora de expulsar a un militante con una sentencia condenatoria. "A lo mejor es que tienen un problema de banquillo", insisten desde el PP.
Estatutos de Cs
Por otro lado, el PSOE exigía que se cumpliera el artículo 22.1.a de los estatutos de Ciudadanos. El texto que se recoge en las normas internas del partido liberal indica que es ineligible "el que hubiese sido acusado judicialmente por resolución firme que acuerde la apertura de la fase de juicio oral, al tiempo de la presentación de la candidatura, por la comisión de cualquier delito". En este caso, al tratarse de un delito leve, no existe apertura de la fase oral del juicio.
Por otro lado, el artículo 22.2 de los estatutos de Cs especifica que el Comité ejecutivo de los liberales podrá levantar la incompatibilidad, pero no en casos de "delitos de corrupción, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cualquier otro comprendido en el título XIX del Código Penal". En ningún caso, el delito leve de coacciones se ve recogido en el articulado interno de Cs como incapacitante para ejercer cargos públicos.