El Consultivo se decanta por la tesis de Puertos del Estado en el conflicto por la torre del puerto de Málaga

El galimatías jurídico en el que se encuentra envuelta la torre del puerto de Málaga sigue viva. Ni el pronunciamiento ya oficial del Consejo Consultivo de Andalucía permite resolver las dudas generadas en los últimos meses en relación con el camino a seguir para activar el ajuste urbanístico necesario para hacer posible el proyecto hotelero. 

La resolución, aprobada el pasado 10 de diciembre y a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Málaga, no resuelve de manera clara el conflicto existente entre Puertos del Estado y el Consistorio malagueño en torno al modo en que debe producirse la aprobación definitiva de la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto.

Tres son las conclusiones contenidas en el documento. En dos de ellas se ampara la vía señalada por los juristas municipales, que vienen insistiendo desde hace meses en que antes de la publicación del acuerdo plenario que valide la adecuación urbanística de la parcela sobre la que se proyecta el edificio debe existir un pronunciamiento del Consejo de Ministros autorizando el uso hotelero pretendido.

"En nuestra opinión no existe norma jurídica que sustente la exigencia de publicar previamente el PE y que el mismo esté en vigor, ya que su vigencia sería pura ficción al no regir el uso hotelero cuya eficacia dependería en todo caso del eventual levantamiento de la prohibición por parte del Consejo de Ministros (que puede denegarlo)", recoge literalmente el escrito.

Pese a esta apreciación, que viene a coincidir con el parecer del Ayuntamiento, el Consultivo advierte de que el ente local consultante "debe evaluar que la eventual negativa de la Administración estatal a someter a su consideración el levantamiento de la prohibición sin que previamente haya sido publicado el instrumento de planeamiento en cuestión convierte en obligatorio el cumplimiento de tal requisito".

En las dos primeras conclusiones, además, confirma como "ajustado a derecho" el razonamiento municipal de "demorar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva hasta que se levante la prohibición por el Consejo de Ministros para el uso hotelero. O bien (...), suspender la aprobación definitiva hasta dicho alzamiento y, en caso contrario, evidentemente, denegar dicha aprobación".

Una primera tesis que queda alimentada con una segunda. "No es necesario en consideración de este Órgano la publicación y entrada en vigor del PE para ser sometido su contenido a la autorización del uso hotelero por parte del Consejo de Ministros".

Queda por saber ahora cuál es la posición que adopta el Consistorio. Fue precisamente la Administración local la que a principios del pasado mes de noviembre solicitó la mediación del Consejo Consultivo en este asunto. Todo ello después de que el propio alcalde, Francisco de la Torre, ante la postura férrea de Puertos del Estado, apuntase la necesidad de encontrar soluciones intermedias que permitiese desbloquear un proyecto que está encima de la mesa desde hace más de cinco años.

Desde el organismo estatal, por su parte, vienen arguyendo que la única vía posible para que el proyecto del hotel llegue a la mesa del Consejo de Ministros pasa porque previamente el Consistorio ratifique de manera definitiva el ajuste urbanístico y lo publique, de manera que cobre vigencia.

"De acuerdo con el art. 72.4 del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, el Consejo de Ministros sólo podrá levantar la prohibición para las instalaciones hoteleras en dominio público portuario si la construcción de dichas instalaciones previamente se acomoda al Plan Especial de ordenación de la zona de servicio del puerto o instrumento equivalente", expone. 

Al escollo jurídico hay que sumar el expediente abierto por el Ministerio de Cultura para determinar si la construcción del hotel, de 116 metros de altura, según los datos de la promotora, produciría o no un expolio sobre el patrimonio.