El mercado inmobiliario de Málaga capital vuelve a ponerse en el escaparate. En constante agitación desde hace años, en los que se ha convertido en objeto de atención para decenas de fondos de inversión, la ciudad mediterránea pone en marcha la mayor operación de venta de suelo de las últimas décadas. El Ayuntamiento acaba de activar el proceso para la enajenación mediante subasta de los aprovechamientos que tiene en propiedad en la parcela de los antiguos depósitos de Repsol.
Tras venir amagando desde hace meses con el impulso de este concurso, el Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar el próximo jueves la licitación de esta operación, que afecta a seis lotes de uso residencial, comercial y terciario. Con todo, de acuerdo con las cantidades fijadas como precios de partida, el Consistorio espera embolsarse una cuantía mínima de 43,7 millones de euros.
Los mayores ingresos previstos son los correspondientes a las pastillas calificadas como de uso residencial, con un techo que permite 502 viviendas libres. Son en total tres parcelas, con precios de partida de 9.969.915,86; 9.282.069,40 y 8.593.813,26, respectivamente. Esto hace un total de 27,8 millones de euros. Son parcelas sobre las que se levantarán torres de PB+32, PB+30 y PB+28, con
Los otros lotes se corresponden con los aprovechamientos reservados para uso terciario (dentro de la calificación estarán los usos comerciales, oficinas, hoteleros, recreativos, o salas de reunión, hostelería, ocio y afines) y aparcamientos. Son dos parcelas, la 4 y 5, cada una de ellas con un precio inicial de 7.955.916 euros. En todos los casos, las sumas no incluyen el IVA, que deberá consignarse como partida independiente.
Siendo importante el montante previsto, es inferior a la valoración que desde hace años le vienen otorgando los técnicos municipales a su parte de los terrenos de Repsol. Hay que recordar que este sector fue objeto de un suculento convenio urbanístico mediante el que a cambio de triplicar la edificabilidad prevista en el planeamiento, el promotor debía abonar a la ciudad 82 millones de euros. De esa cuantía, sólo se pagaron 12 millones, abonándose el restante en aprovechamientos urbanísticos con los que ahora se quiere hacer caja.
Si bien entre los criterios de selección final de las proposiciones el mayor peso recae sobre la mejor oferta económica, con un máximo de 65 puntos, Urbanismo quiere que ponderar de manera especial el valor de la propuesta arquitectónica, con 35 puntos. Y dentro de este apartado, destaca, por ejemplo, la reserva de 20 puntos para el diseño global del proyecto, al tiempo que se busca premiar la categoría del equipo redactor del anteproyecto de los edificios.
En este sentido, se otorgará un máximo de 9 puntos, valorándose, por ejemplo, que los mismos hayan sido galardonados con el Premio Pritzker, la Medalla de Oro del Riba, la Medalla de Oro del AIA, el Premio Driehaus, el Premio de Arquitectura Contemporánea de la UE o los Premios Mies van der Rohe, Alvar Aalto, el Aha Khan de Arquitectura, el Akaa…
En el caso de las parcelas de uso terciario, el Ayuntamiento pretende que los ofertantes apuesten por reservar buena parte de los inmuebles para uso de oficinas. En este sentido, se otorga una puntuación añadida a aquellos que garanticen ese destino "en al menos 3 de las 4 plantas de los edificios". Y se precisa que dicho uso "deberá mantenerse como mínimo 10 años desde la inscripción de la Obra Nueva en el Registro de la Propiedad".
Una vez validado el pliego de condiciones por parte del Consejo de Urbanismo, la operación quedará pendiente de publicación en los boletines oficiales, fijándose el plazo final para la formulación de las ofertas.