La tasa de basura aprobada años atrás por el Ayuntamiento de Málaga para gravar a las viviendas turísticas queda definitivamente enterrada. Así lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en una reciente sentencia en la que avala la posición adoptada en este asunto por la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVAPro).
El colectivo había presentado un recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento por su decisión de incrementar "injustificadamente" la tasa por la recogida de basuras a estos alojamientos. El fallo judicial, según informa la asociación en un comunicado, "declara la nulidad de la ordenanza municipal" y condena al Consistorio al pago de las costas judiciales.
Incluso, añade, los dueños de los alojamientos turísticos "tienen derecho a reclamar la devolución de lo indebidamente cobrado durante el tiempo que estuvo en vigencia dicha ordenanza, que actualmente no está en uso pues el Ayuntamiento aprobó posteriormente una nueva, la actual, que también ha denunciado AVVAPro en los tribunales y que se está a la espera de resolución judicial".
El asunto de controversia tiene su origen en septiembre de 2018 (entró en vigor en diciembre), cuando el Consistorio aprobó modificar la Ordenanza Fiscal 19 de la tasa por la recogida de basuras de actividades económicas introduciendo un incremento de tarifa para las viviendas con fines turísticos "de forma arbitraria", basándose en una memoria económico-financiera justificativa "insuficiente y sin un fundamento sólido".
"El Ayuntamiento no justificó en ningún momento en el informe económico financiero que el importe de la tasa establecida (modificada) se correspondiera con el coste de los servicios a los que afecta la ordenanza, al no concurrir un estudio económico financiero completo y detallado que explicara de dónde sale cada coste y que especificara claramente de acuerdo con qué datos se había calculado el importe estimado de recaudación", explica el presidente de AVVAPro, Carlos Pérez-Lanzac.
Pérez-Lanzac reclama que se negocie y acuerden con el sector los cambios de normativa que le afecten. Ante esta situación, el colectivo emprendió acciones legales ante lo que consideró una medida "confiscatoria y sin base sólida".
Para el máximo representante del sector en Andalucía, la sentencia es "muy positiva", al entender que la medida se tomó "sin que se justifique por qué a los apartamentos turísticos se le impone una tasa por recogida de basuras distinta de una vivienda normal cuando no se acredita ese porcentaje, ni la diferencia en los residuos de forma exhaustiva".
"Lo único que se persigue es un fin confiscatorio, que pretende exclusivamente recaudar para este tipo de establecimientos que tampoco se cuantifican debidamente", ha apostillado.