Infografía de la torre proyectada en el puerto de Málaga.

Infografía de la torre proyectada en el puerto de Málaga.

Málaga ciudad

Málaga ya asume la necesidad de una nueva evaluación ambiental para la torre del puerto

El Puerto de Málaga confirma que está trabajando ya en encargar la redacción de un nuevo estudio ambiental. El trámite podría requerir de unos tres meses.

18 julio, 2022 16:52
Málaga

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La torre del puerto de Málaga tendrá que ser sometida a una nueva evaluación ambiental. Así al menos se deduce del nuevo e inesperado giro de acontecimientos en torno a este proyecto. Muestra de ello es que el Ayuntamiento de Málaga, que hace apenas unos días negaba la mayor, ya asume la necesidad de elaborar y tramitar otro informe ambiental. 

El viraje se produce después de que a ojos de la Junta de Andalucía se considere que el documento original, preceptivo y vinculante en la operación, no está vigente al haberse superado el plazo máximo de 4 años desde su publicación.

La cuestión ha sido objeto de no poca controversia desde finales de la pasada semana. Mientras los técnicos de la Delegación de Sostenibilidad Ambiental eran claros al afirmar que la vigencia se había superado, en el seno de la Gerencia de Urbanismo opinaban lo contrario. 

De hecho, la jefa del departamento de Planeamiento, Elena Rubio, incluso firmó el pasado 15 de julio un informe jurídico en el que se justifican las razones que llevan al organismo municipal a entender que el documento ambiental seguía siendo válido.

Pese a la existencia de este documento, el Consistorio ha dado marcha atrás en su posición original, retirando incluso de la Comisión de Ordenación del Territorio celebrada este lunes el punto en el que se iba a aprobar de manera definitiva la modificación de elementos del Plan Especial del Puerto para hacer posible la torre.

El nuevo escenario ha sido perfilado por el alcalde, Francisco de la Torre, en sus declaraciones. "Lo que importa es la percepción que los técnicos de Medio Ambiente tienen y ellos aceptan solo el tiempo de parada administrativa motivada por la pandemia, en ese caso hay que hacer una nueva evaluación y es lo que se hará", ha expresado.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL la decisión del equipo de gobierno de retirar la aprobación del ajuste urbanístico se ha producido tras realizar determinadas consultas en materia jurídica a los servicios centrales del Gobierno andaluz.

La respuesta recibida, que podría ser motivada en forma de informe oficial, viene a respaldar el pronunciamiento de los técnicos autonómicos y a considerar sobrepasado el tiempo legal de la vigencia de la evaluación.

El Puerto ya trabaja en un nuevo informe

Las fuentes, incluso, indican que se ha propuesto a la Autoridad Portuaria, como promotor de la operación del hotel, que avance en la contratación del otro estudio ambiental, sobre el que pivotará la nueva evaluación por parte de la Junta. Un extremo confirmado por el presidente de la institución, Carlos Rubio, quien señala que se ha iniciado el procedimiento para contratar su redacción.

De la Torre ha defendido esta maniobra en la necesidad de dar seguridad jurídica al trámite y al proyecto. "Es una prioridad", ha señalado, previendo la posibilidad de que en unos tres meses pueda estar completado esta parte de la tramitación.

Hay que recordar que todo esto sucede cuando parecía que la modificación urbanística de los terrenos elegidos para la torre, a los que se asignará un techo edificable de 45.000 metros cuadrados, entraba en su recta final. 

Todo ello después de que el Ayuntamiento diese su brazo a torcer y cediese ante la posición de fuerza demostrada por Puertos del Estado en el modo de proceder tras el acuerdo definitivo de la modificación.

Pese a sus reticencias jurídicas iniciales, el Ayuntamiento ha aceptado finalmente publicar el citado acuerdo, cuando tenga lugar, y publicarlo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Málaga para que entre en vigor. Y eso siempre antes de que el asunto llegue a la mesa del Consejo de Ministros, que es el que en última instancia tiene la competencia para permitir o no el uso hotelero en suelo portuario.